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La opinión de la Iglesia

La Conferencia Episcopal ha actuado con diligencia ante el documento «Preparar la paz» que hicieron público el jueves los obispos de las Diócesis del País Vasco. La institución presidida por Rouco Varela emitió ayer un comunicado, apreciado positivamente por el Gobierno, en el que precisaba datos muy importantes para valorar la actuación de los prelados vascos. Por un lado, la Conferencia Episcopal se desvincula completamente del documento firmado por los obispos de Vitoria, Bilbao y San Sebastián, del que no tuvo conocimiento hasta momentos antes de su difusión por los medios. Por otro, rechaza las críticas al proyecto de ley de Partidos Políticos, del que afirma que «se está tramitando en el Congreso de los Diputados en el ejercicio de sus competencias constitucionales». El comunicado muestra una actitud de distanciamiento y crítica, expresada con la prudencia propia de una reacción interna de la jerarquía católica y con los límites impuestos por la autonomía de las diócesis en el ejercicio de sus funciones pastorales, o de lo que sus titulares creen que son sus funciones pastorales.

En cualquier caso, la reacción de la Conferencia reconfortará a la inmensa mayoría de la sociedad española, impacientada por unas conductas eclesiásticas sobre el terrorismo y el problema vasco que confunden gravemente acerca de cuáles son las verdaderas prioridades de la jerarquía vasca. El comportamiento desleal de los prelados de Vitoria, Bilbao y San Sebastián, que no informaron a la Conferencia Episcopal sobre su documento, pese a la trascendencia de los temas que trataba, ha hecho más visible el aislamiento de la jerarquía vasca y su identificación notoria con los postulados nacionalistas. Su posición contra ETA es destacada por el comunicado de la Conferencia, pero es tan obligada y debida -salvo que apreciemos como un avance que los obispos del País Vasco rechacen la violencia- que no compensa la gravedad de los restantes juicios emitidos en su carta «Preparar la paz». En esta se ha producido una transformación del mensaje nacionalista en mensaje pastoral, impulsando un salto cualitativo en la sacralización del nacionalismo, rasgo muy definitorio de algunas claves esenciales del problema vasco y del terrorismo de ETA. Es posible que la identificación con los postulados nacionalistas fuera la causa de la premeditada ocultación de la carta a la Conferencia y a otros obispos, como el de Pamplona, concernidos por el problema del terrorismo, pero defensores de una actitud muy distinta a la expresada en la carta de la polémica. En todo caso, los tres obispos del País Vasco han entregado su autoridad pastoral a una estrategia política alineada con los valores contrarios a los que debería defender.

Tras el agrio debate sobre si la Iglesia debía o no suscribir el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo -pese a que ni el Gobierno ni la oposición lo solicitaran formalmente-, la jerarquía española y la opinión pública habían llegado a un punto de equilibrio, favorecido por la indudable actitud de Rouco Varela ante esta cuestión. Los obispos vascos han consumido la energía de un pronunciamiento autónomo para romper la política de la Conferencia Episcopal y elegir las peores opciones de entre todas las posibles. No tenían que defender la Constitución, pero han legitimado la autodeterminación. No tenían que pronunciarse sobre la ley de Partidos, pero la han criticado al unísono y con los argumentos de los nacionalistas. No tenían que amparar ideas, pero han decidido proteger al nacionalismo. Ante esta teología nacionalista, el clero vasco y su jerarquía no pueden volver a la queja de ser incomprendidos o mal interpretados. Su opción es inequívoca y en ella se encuentran cómodamente instaladas la clase dirigente nacionalista que lleva veinte años gobernando en el País Vasco y la formación política que ampara a ETA. Mensaje, desde luego, muy poco evangélico.