» Veritas et cetera » Temas » La Iglesia y ETA

La confrontación

La valoración de la pastoral conjunta «Preparar la paz», elaborada por los obispos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria, debe efectuarse a partir del conjunto del documento, y no a través de una lectura parcial o entresacando algunos párrafos especialmente desafortunados. Pero incluso con estas precisiones y extremando la buena fe, no faltan motivos para la perplejidad, la inquietud, la tristeza, e incluso el simple rechazo. Porque todo él, si no me equivoco, adolece de un error fundamental de diagnóstico sobre la situación en el País Vasco.

La condena del terrorismo de ETA es total, absoluta e incondicionada. No cabe la menor duda. También es inequívoca la adhesión a los derechos humanos y a los valores constitucionales. Sobre estos y otros aspectos del documento, nada hay que objetar. Una descalificación total sería injusta y parcial. Pero, por decirlo de una vez, todo el documento revela una notable conformidad con los postulados del nacionalismo. Además, la contraposición entre seguridad y derechos humanos no resulta sostenible, ya que la primera también es un derecho que, por lo demás, incluye el disfrute y la protección de los demás derechos. Sin una seguridad mínima, ni la vida ni la libertad ni la propiedad están garantizadas.

El aspecto más rechazable se refiere a las consideraciones sobre la ilegalización de Batasuna. Aunque renuncia a una valoración moral ponderada de un texto que aún no ha sido fijado, alerta sobre «algunas consecuencias sombrías que prevemos como sólidamente probables» y augura que «probablemente la división y la confrontación cívica se agudizarían». Todo esto estaría muy bien si ETA no existiera o si hubiera un conflicto o una guerra en la que las dos partes utilizaran las mismas armas. Pero no es así. Lo que falla es la ponderación sobre la naturaleza de la «confrontación». Por encima de la confrontación, normal, entre nacionalistas y no nacionalistas se da la circunstancia de que una banda terrorista asesina para lograr fines políticos nacionalistas. Aquí ya no hay confrontación sino agresión criminal. Del mismo modo que no hay confrontación entre el violador y la violada, el homicida y la víctima y el extorsionador y el extorsionado. El documento añade que esas «consecuencias sombrías» que se derivarían de la ilegalización deben evitarse «sean cuales fueren las relaciones existentes entre Batasuna y ETA». Quiere esto decir que, según los obispos, aunque resultara probado que ETA y Batasuna son la misma cosa o parte de la misma organización criminal, aún así habría que oponerse a la ilegalización para evitar las «consecuencias sombrías». Esto es tanto como defender la legalización de ETA y hacer rentable la producción de «lo sombrío», ya que para que no aumente la desolación lo mejor sería complacer a los que la siembran. Dialogar entre iguales no es, ciertamente, claudicar, pero plegarse a la voluntad de los criminales sí lo es. El punto de equilibrio del diálogo se encuentra en la Constitución y el Estatuto, no en un nacionalismo equidistante entre ETA, por un lado y el Gobierno legítimo y las fuerzas políticas no nacionalistas, por otro. Además, resulta chocante la toma de posición ante la ilegalización de Batasuna cuando los prelados no se pronunciaron ni sobre el acuerdo de Estella ni acerca del pacto antiterrorista. Los errores del documento, que tanto dolor y perplejidad pueden provocar entre los católicos y entre quienes no lo son, nacen, creo, de un grave error de diagnóstico político y moral de la situación que vive el País Vasco. La prueba de ello es que contentará a los nacionalistas e indignará a la mayoría de quienes no lo son.