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Sorprendente Resolución del Parlamento Europeo sobre los derechos humanos: Trata de imponer la homosexualidad y abrir camino a la pederastia

En varios países de Europa la noticia se ganó las primeras páginas de los periódicos; en España, sin embargo, ha recibido un silencio sepulcral. El 16 de marzo pasado, cuando la Península Ibérica se encontraba descansando de la cabalgata electoral, el Parlamento Europeo aprobaba una resolución en la que pedía a todos los países de la Unión que introduzcan la convivencia registrada entre personas del mismo sexo, reconociéndoles los mismos derechos del matrimonio.

La petición aparece en un artículo de la Relación anual sobre los derechos humanos de la Unión Europea, presentada por el liberal danés Bertel Haarderv y aprobada con 251 votos a favor, 169 en contra y 13 abstenciones.

En el artículo 56 se observa con satisfacción que en numerosísimos Estados miembros vige un creciente reconocimiento jurídico de la convivencia fuera del matrimonio, independientemente del sexo, y pide a los Estados miembros que todavía no lo han hecho, que adecúen sus propias legislaciones para introducir la convivencia registrada entre personas del mismo sexo, reconociéndoles los mismos derechos y deberes previstos para la convivencia, registrada entre hombres y mujeres. En este sentido, constata la necesidad de realizar rápidos progresos en el ámbito del reconocimiento recíproco de las diferentes formas de convivencia legal de carácter no conyugal y de los matrimonios entre personas del mismo sexo existentes en la Unión Europea.

El voto tuvo lugar siete años después de que el mismo Europarlamento aprobara el famoso Informe Roth sobre los derechos de los homosexuales. En aquella ocasión, el informe, que se pronunciaba a favor del mal llamado matrimonio entre personas del mismo sexo, causó un gran impacto.

El texto no tiene repercusiones inmediatas para la legislación de los diferentes países de la Unión Europea, pues no tiene carácter legislativo. Ahora bien, constituye un argumento de peso para todos aquellos grupos de presión que están promoviendo el reconocimiento de las parejas homosexuales (incluido el de la adopción) en el Viejo Continente. Bélgica, por ejemplo, ya ha comenzado a celebrar matrimonios homosexuales, preocupada por los aspectos legales.

¿PEDERASTIA IMPUNE?

Pero, en la Relación anual, hay otro artículo no menos preocupante: los eurodiputados deploran que en los Códigos penales de algunos Estados miembros estén todavía vigentes disposiciones discriminatorias sobre la edad del consentimiento del menor para tener relaciones homosexuales. En pocas palabras, no se puede establecer una edad mínima al consentimiento de los niños, pederastia incluida. El adulto que corrompa a un niño de diez años para tener relaciones homosexuales estará totalmente cubierto por esta resolución.

El documento se aprobó con el apoyo del centro-izquierda y de los demócratas-liberales. Votó en contra el Partido Popular Europeo y algunas formaciones de derechas, aunque entre estas filas fueron significativas las abstenciones. Ahora bien, incluso dentro del bloque Popular hubo defecciones. No sólo entre sus miembros holandeses y suecos, que en general votaron a favor de la medida, sino también entre exponentes de los países del sur, que aprobaron la resolución en bloque.

Ésta es la explicación que da Daniele Nardi, portavoz del Movimiento para la vida en Italia, quien siguió de cerca la votación. Algunos populares ni siquiera habían leído todo el texto por el que votaron, indica.

A este elemento hay que añadir otro decisivo: la gran ausencia de representantes, particularmente entre las filas del PPE. Los españoles estaban muy ocupados celebrando la victoria electoral; los italianos, preparando la campaña para las elecciones regionales de este mes de abril, o quizás no cayeron en la cuenta, irresponsablemente, de que en esa sesión se iba a votar algo de una importancia tan decisiva para los valores que defienden los populares, que cuentan con la mayoría relativa en el Europarlamento.

RESPUESTA DE LA SANTA SEDE

Al día siguiente, el Consejo Pontificio para la Familia emitió un comunicado oficial, firmado por su Presidente, el cardenal Alfonso López Trujillo, y por su Secretario, el obispo Francisco Gil Hellín, en el que explican que la Resolución constituye un grave y reiterado atentado contra la familia fundada en el matrimonio, como unión de amor y de vida entre un hombre y una mujer, de la que brota naturalmente la vida. Sobre esa unión matrimonial, que constituye un bien necesario, se basa sólidamente toda sociedad. Negar esta verdad antropológica, fundamental y elemental, llevaría a la destrucción del tejido social. Equiparar esas uniones de hecho, y aún más las homosexuales, con las uniones propiamente matrimoniales e invitar a los Parlamentos a adecuar la legislación en ese sentido, ¿no constituye una negación de la profunda aspiración de los pueblos en su identidad más íntima?

En el curso de la Historia los pueblos han reconocido sabiamente lo que conlleva el matrimonio, que en cambio ahora viene sometido a una interpretación desviada por parte del Parlamento Europeo mediante esa resolución -añade el organismo de la Santa Sede que sigue particularmente los temas relacionados con la familia-. Afortunadamente, los Parlamentos de Europa sabrán seguramente estar en sintonía con la gran mayoría de las familias europeas, que es necesario sean sostenidas con urgencia en su noble misión y que ahora se ven injustamente equiparadas con este tipo de con esa Resolución que de ninguna manera tiene un valor legislativo auténtico ni de orientación obligatoria. La naturaleza específica de la familia, fundada en el matrimonio, está reconocida por la mayoría de las Constituciones europeas. Esa naturaleza no es, por lo tanto, sólo una verdad de los creyentes, sino un patrimonio natural de la Humanidad, grabada en el corazón del hombre y que caracteriza la cultura de los pueblos.

Los legisladores, por lo tanto, y de manera particular los parlamentarios católicos, no deberían favorecer con su voto este tipo de legislación ya que es contraria al bien común y a la verdad del hombre, y por esos motivos es en realidad inicua, concluye.