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El defensor del menor se extralimita

Es una curiosa paradoja que no se cuestione el derecho de los ciudadanos a leer los periódicos o libros que crean conveniente y, sin embargo, se admita que sea el poder político y su grupo de "expertos", o bien un grupo de presión bien organizado e infiltrado, el que se encargue de dictar cuáles deben ser los contenidos de la enseñanza y los métodos pedagógicos, a despecho de las opiniones, deseos, intereses o creencias de los padres de los alumnos. Una de las características más odiosas de los regímenes dictatoriales es la censura oficial con pretensiones moralizantes o adoctrinadoras, precisamente porque quienes la ejercen se atribuyen a sí mismos, mediante el poder coactivo del Estado, una capacidad de discernimiento moral y político superior a la del resto de sus conciudadanos. La educación en España, por desgracia, sigue siendo una reliquia, tomada al asalto por la progresía, de esos tiempos en que el poder político aspiraba controlar las mentes de sus súbditos.

Y una prueba de ello es, precisamente, lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid, cuyo Defensor del Menor, Pedro Núñez Morgades, a instancias probablemente de Ruiz Gallardón quien, al parecer, necesita hacerse perdonar el "pecado original" de haber nacido en una familia "de derechas", ha logrado un acuerdo con la Consejería de Educación para reeditar y distribuir en los colegios la guía didáctica sobre la homosexualidad elaborada por COGAM, la Asociación de Gays y Lesbianas de la Comunidad de Madrid. Se trata de una sesgada apología de la homosexualidad donde se aboga, entre otras muchas cosas, por la imposición de un lenguaje políticamente correcto tanto a los educadores como a los alumnos, por la invitación a combatir el "heterosexismo" y por la exhortación a prescindir de la familia en un aspecto tan crucial como es la orientación sexual, sustituyéndola por "orientadores y tutores preparados".

Ni qué decir tiene que los homosexuales son ciudadanos de pleno derecho, y por ello, acreedores de la misma consideración y respeto que merecen quienes no lo son. Pero eso no les da derecho, por muy bien organizados y concienciados que estén, a tratar de imponer a la mayoría, a través de la educación obligatoria, su particular visión de lo que debe ser una adecuada orientación sexual. Y quien menos debería fomentar estas iniciativas es el Defensor del Menor madrileño, una de cuyas principales misiones debería ser, precisamente, velar por que los menores no reciban una información unilateral y sesgada en esta materia tan delicada y controvertida, que debería quedar en cualquier caso reservada a la autoridad de los padres.