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El negocio de los embriones

El pasado 11 de octubre se ha publicado la resolución del Tribunal Constitucional de Costa Rica, que acaba de declarar que la fecundación in vitro es una práctica contraria a la Constitución, que en su artículo 21 defiende el carácter inviolable de la vida humana, en cuanto ha sido concebida, una persona es una persona, y estamos ante un ser vivo, con derecho a ser protegido por el ordenamiento jurídico. La Constitución de Costa Rica reconoce el derecho a la vida en términos semejantes a la Constitución española.

La resolución del Tribunal (Sala IV) se produjo como respuesta a una acción de inconstitucionalidad promovida por la Conferencia Episcopal de Costa Rica y por organizaciones pro vida, contra un decreto de marzo de 1995 que autorizó esta técnica de reproducción asistida.

Socialmente, con esta sentencia, los actuales y futuros Gobiernos de Costa Rica, han evitado que en esta nación existan depósitos de embriones congelados de la fecundación in vitro, y, en consecuencia, estos Gobiernos no se ven ni se verán sometidos a las presiones interesadas de los grupos de personas que se crean alrededor de esta procreación artificial. Costa Rica nos ha dado un ejemplo de humanidad y de sabiduría. Lo sabio es evitar la causa, es evitar la existencia del problema, a otros países, más poderosos, sólo les cabe aminorar o reducir las consecuencias negativas del problema de los embriones sobrantes de la fecundación in vitro.

En los Estados Unidos, aunque no se sabe con exactitud, se calcula que hay unos 400.000 embriones humanos congelados. En año de elecciones, la Administración Clinton se vio obligada, de un modo indirecto, a incumplir la ley federal, vigente desde 1974, por lo que se prohibió, y se prohibe, toda subvención federal a investigaciones que impliquen destruir, desechar o poner intencionadamente en riesgo de lesión o muerte embriones humanos.

El 23 de agosto del año 2000 se empezaron a distribuir las subvenciones federales por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH). La forma de sortear el cumplimiento de la ley federal citada fue la de subvencionar exclusivamente a las empresas privadas investigadoras que trabajan con células madre de embriones humanos, pero no a las que investigan con embriones humanos. Un hecho que suele silenciarse es que en Estados Unidos, salvo que existan subvenciones públicas, no hay, en líneas generales, legislación protectora de embriones humanos, por lo que la manipulación y muerte de los mismos, si no hay subvención con fondos públicos, no es ilegal, y se ha permitido y se permite. Si se señala lo anterior es para exponer la falta de protección de los embriones humanos, por falta de regulación legal, que existe en los Estados Unidos, excepto en diez Estados, entre ellos Massachussets (Harvard), lo cual es un hecho que lamento. Si se expone lo anterior es simplemente para contestar al falso dilema que suele plantearse: o se autoriza la experimentación con embriones humanos, o no se descubrirán los nuevos tratamientos para librarnos del Parkinson, Alzheimer& La contestación a este dilema es la de informar que en Estados Unidos, pudiendo trabajar y experimentar con embriones humanos vivos, y con las células madres extraídas de los embriones humanos, todavía no han encontrado estos nuevos tratamientos. Es más, y aun no estando subvencionados con fondos federales, aportados por los contribuyentes americanos, los resultados más prometedores para estos nuevos tratamientos, en Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos, se encuentran en las investigaciones realizadas con células madre de organismos adultos humanos, y, por tanto, sin muerte de embriones humanos, o con animales de laboratorio, como la reciente de la gallina Britney, de cuyos huevos se extraerán medicamentos anticancerosos, cuya patente ha sido adquirida por una compañía norteamericana, que financió estas investigaciones en el Instituto Roslin de Edimburgo.

Los países de Europa en los que existe el problema de los embriones congelados (en Francia, 50.000; en España, 25.000&) tienen que, con su sabiduría, separar este problema, consecuencia de la fecundación in vitro, del necesario fomento de la investigación médica, pública y privada. No sería ético ni socialmente justo el confundir ambas cuestiones, aunque ello determinara una reducción de los beneficios de los proveedores de células-madre de los embriones humanos congelados, para dedicarlos a la investigación. No sería socialmente justo, ya que, con cargo a los impuestos pagados por los ciudadanos, nunca deberían subvencionarse investigaciones que exigieran destrozar embriones humanos vivos, y máxime cuando deberían destinarse, con carácter prioritario, a garantizar una atención sanitaria básica de calidad, a muchas personas que no la reciben, y que padecen males que la medicina de hoy podría curar.

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