» Baúl de autor » Dalmacio Negro Pavón

El crédito político

El crédito es fundamental en política. Es uno de los elementos metafísicos del poder que consolida el prestigio de quien lo ostenta —sea un gobierno o un Estado — dándole reputación y autoridad, así como al pueblo que representa. El crédito, palabra relacionada con creer, es la creencia social en el carácter benéfico de un poder que, por lo pronto, da seguridad y certeza: esto es elemental para consolidar el poder político tanto interiormente como en el mundo de las constelaciones políticas. El crédito no se obtiene por el mero hecho de ostentar el poder. Aunque el poder esté sacralizado, lo que inclina a obedecerle desde el primer momento, sin embargo, tanto el hombre político como la nación, el gobierno o el Estado han de ganarlo continuamente suscitando la adhesión o, por lo menos, la no oposición de la opinión pública, ya que todos los regímenes políticos descansan en la opinión. Pues, a diferencia del prestigio — del que constituye el crédito un componente — , que se puede alcanzar súbitamente, por una acción determinada que suscita la admiración, el crédito es una cuestión de tiempo, siendo su elemento fundamental la duración. Un poder que dura, sólo por eso ya merece crédito, tanto en la esfera interna, entre el pueblo, como en la externa, en el concierto de las naciones o Estados, en las constelaciones políticas: la duración es la prueba del crédito de un poder.

Si un poder no llega a alcanzarlo por sus acciones, o bien se está en una situación semianárquica en la que el poder es muy débil o bien se trata de un poder tiránico. La doctrina clásica de la tiranía distingue por eso entre dos formas principales: la tiranía ex tituli (por defecto del título por el que se ostenta el poder) y a regimene (la tiranía por la forma de ejercerlo). La primera consiste en que el que accede al poder lo hace de forma ilegítima, ilegal; por ejemplo, por un golpe de fuerza; la segunda, en que, cualquiera que sea su origen, no sólo no da seguridad ni limita las incertidumbres básicas —sobre la vida y la propiedad principalmente — , sino que por el modo de producirse suscita inseguridad e incertidumbre. Es muy difícil, si no imposible, convalidar estas últimas si desde el principio el poder no da seguridad y certeza o a lo largo de su ejercicio suscita inseguridad e incertidumbre: carece de crédito y normalmente no lo puede ya obtener o recuperar. En cambio, un poder de origen ilegítimo o ilegal puede llegar a hacer olvidar su origen y, por decirlo así, a convalidarse si da seguridad y certidumbre con sus acciones y además dura; en este sentido ha habido épocas enteras en las que el poder era ilegítimo por su origen — el Imperio romano es un ejemplo clásico — pero, sin embargo, sin llegar a ser legítimo en el sentido contemporáneo que distingue entre legalidad e ilegalidad, merece crédito suficiente.

La historia está plagada de regímenes ilegítimos por su origen que, no obstante, son respetados y obedecidos: la condición es que duren. Tal es el trasfondo de la distinción del derecho internacional entre regímenes reconocidos de facto (de hecho) y de iure (de derecho). De facto, porque cualquiera que sea su origen, dan suficiente seguridad y certidumbre; de iure, cuando su duración prueba que merecen crédito.

El crédito constituye una condición fundamental de todo régimen establecido. Basta pensar que, como decía David Hume, todos los regímenes se originan por un acto de fuerza, siendo un mito la idea de que también nacen mediante un pacto o contrato. Si acaso, esto viene después. A veces se esgrime el caso de Norteamérica, pero constituye una prueba a contrario: los Estados Unidos hubieron de ganar una guerra contra Inglaterra para instituirse como un poder político, y pudieron hacerlo porque daban más seguridad y certidumbre resultando más benéfico a los ojos de la opinión pública que la potencia colonial. Por lo mismo, un régimen que debe su crédito a la propaganda, está condenado a perder su credibilidad.