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Laicismo por narices

Lo que dice la Constitución española ya no vale; parece que hay que imponer, manu militari, una nueva concepción

Nos llega la noticia de que en el Congreso se ha constituido una comisión de trabajo o «intergrupo» para impulsar el laicismo en la sociedad. Forman parte de esta comisión todas las formaciones parlamentarias, menos el PP, y aunque manifiestan que su intención no es confrontarse con posturas eclesiásticas, desde el principio se posicionan frente al supuesto dogmatismo de éstas, tomando partido por la tolerancia y la aconfesionalidad, que, aseguran ellos, despierta un interés creciente en la sociedad.

Se ríe uno al leer que la sociedad tiene un «creciente interés por la aconfesionalidad». Habría que preguntar por la calle si la gente tiene la más remota idea de lo que significa eso. El entrevistador «laico» aclararía que aconfesionalidad persigue que los curas intransigentes se callen y dejen de opinar públicamente sobre los derechos y libertades de los demás. Por supuesto, si a un pobre incauto se le pregunta cuál elige entre dos opciones, y en una aparecen los conceptos «derechos y libertades» y en la otra el de «curas intransigentes», está claro que se decantará por lo que suena más democrático y abierto.

Aquí se ha decidido que lo que dice la Constitución española no vale, que hay pasárselo por el forro e imponer, manu militari, una nueva concepción de la sociedad, por la sencilla razón de que hay que callar a la Iglesia como sea, ya está bien de que se pronuncie sólidamente cada vez que el Gobierno saca a la luz uno de sus proyectos para darle la vuelta a la realidad o siempre que los medios de comunicación expelen mentiras sobre las cuestiones básicas de la vida.

Se trata de la única institución que soporta a pie firme el embate de las moderneces antihumanas que se quieren instaurar en avalancha, la única que resiste la corriente de consumismo desenfrenado en que se ha convertido la vida social, la única que defiende ideas contrarias a lo políticamente correcto y no renuncia a sus principios. Por eso se la acusa de dogmática e intransigente, enfermedades que se pretenden curar ahora con una sobredosis de laicismo.

La Iglesia católica, como entidad confesional, tiene reconocido el derecho a la libertad religiosa que proclama el artículo 16.1 de nuestra Constitución, que incluye la capacidad de enseñar a sus fieles sobre las cuestiones que estime convenientes. Este derecho, no lo olviden, la capacita para creer en lo que sea, siempre y cuando respete el orden público. Pensar que existe una verdad no lo convierte a uno en intolerante, es la actitud irrespetuosa ante los que piensan diferente la que señala eso. Aparte de esto, no tiene menos derecho a la libertad de expresión del que pueda gozar un periódico, un partido político o una plataforma gay.

Y si nuestro propio texto constitucional obliga a los poderes públicos a tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española (art. 16.3) no es para despreciarlas, insultarlas o combatirlas.

La aconfesionalidad no es eso, tan sólo significa que el Estado no va tomar partido por una religión, y eso es algo que sólo depende de él, no debe asustarse de que ningún grupo manifieste públicamente sus convicciones y trate de orientar a sus fieles sobre lo que considera bueno o malo, porque en eso consiste un Estado de derecho. ¿O no estamos en uno?