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Educación diferenciada, una opción de libertad

En los últimos meses se han divulgado informaciones incorrectas y datos erróneos sobre los denominados «colegios diferenciados» existentes en nuestro país, atribuyéndoles la aplicación de métodos docentes discriminatorios, sexistas y trasnochados que nada tienen que ver con la realidad interna de estos centros escolares.

El sistema pedagógico que aplican estos centros, conocido en Europa y América como «single-sex education», está siendo implementado en colegios públicos de Estados Unidos, Alemania o Reino Unido, como herramienta para superar el fracaso escolar y alcanzar una igualdad de oportunidades real entre los sexos en el ámbito educativo; donde ha sido acogido con entusiasmo por padres, docentes y responsables públicos de las más diferentes tendencias e ideologías, dados los excelentes resultados académicos y personales que se derivan de su aplicación, sobre todo, entre alumnos que pertenecen a minorías desfavorecidas o a familias con problemas socio-económicos.

En España, a pesar de ser una opción legal y plenamente constitucional, el desconocimiento acerca de su funcionamiento hace que sean muy pocos los colegios que la aplican en el ámbito privado, resultando absolutamente inexistentes en el público. Tal desinformación ha llevado incluso a algunos grupos políticos a cuestionar el derecho fundamental que corresponde legítimamente a los padres de estos centros escolares a recibir la financiación pública que garantiza su derecho constitucional a una enseñanza obligatoria y gratuita en condiciones de igualdad.

La lucha por la igualdad entre los sexos en materia educativa ha sido larga y complicada. Hasta las primeras décadas del siglo XX la mujer quedó relegada a una «discreta ignorancia y dignificante anonimato», como recomendaba Rosseau. Sin embargo, en este arduo camino hacia la igualdad en las escuelas, en los últimos años, se ha producido un fenómeno preocupante por los efectos negativos que está provocando en los alumnos, tanto a nivel académico como personal: la neutralidad sexual. El feminismo igualitarista y la denominada ideología de género han logrado imponer la idea, arraigada incluso en las más altas instancias políticas, de que hombres y mujeres —abstracción hecha de las diferencias externas— nacemos sin ningún rasgo diferenciador propio de la feminidad o masculinidad, que son consideradas construcciones sociales que es preciso eliminar para garantizar una auténtica igualdad. De este modo, el trato a niños y niñas debe ser idéntico en la escuela, lo que sólo se podría garantizar desde aulas mixtas.

En contra de la uniformidad sexual tan extendida social y políticamente, en los últimos años, los avances de la técnica y la ciencia han permitido mostrar una realidad bien distinta y hasta ahora oculta: la existencia de diferencias sexuales innatas. La diferenciación sexual es un proceso enormemente complejo que comienza muy temprano, en el desarrollo del embrión, debido a la combinación de nuestro código genético y de las hormonas que liberamos y a las que estuvimos expuestos en el útero.

No cabe duda de que niños y niñas, hombres y mujeres, son iguales en derechos y deberes, humanidad y dignidad. Sin embargo, el dimorfismo sexual cerebral hace que sean al mismo tiempo diferentes en formas de socialización, comunicación, afectividad, sexualidad, comportamiento o reacciones ante idénticos estímulos, lo que a su vez determina que difieran en su forma de aprender. Los objetivos, metas y contenidos habrán de ser los mismos para ambos sexos, pero los métodos pedagógicos y las estrategias docentes y educativas utilizadas deben ser diferentes si aspiramos a la excelencia en lo personal y en lo académico.

La educación diferenciada es un sistema pedagógico que, al margen de creencias, tendencias e ideologías políticas, aprovecha las diferencias entre los sexos para optimizar sus potencialidades y garantizar así una igualdad de oportunidades y que, de ser correctamente aplicado —en colegios públicos y privados—, además de ampliar las opciones de los padres en el ejercicio de su libertad de enseñanza, supondría una importante aportación en la mejora y eficacia de la educación en España.

Seguir rechazando este modelo, seguir dificultándole el acceso a la financiación pública o negar la apertura de los colegios públicos a clases diferenciadas para los padres que así lo deseen, supone una postura rígida, anquilosada, quietista, que se cierra a la ciencia y a la innovación pedagógica, que se opone a la tendencia marcada por países que están logrando remontar la crisis educativa; supone negar a los padres su derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos en un marco de gratuidad garantizado constitucionalmente; y supone condenar a nuestros jóvenes a seguir engrosando los porcentajes más elevados del fracaso escolar en Europa, con las graves consecuencias sociales y económicas que esto implicará en un futuro no muy lejano para nuestro país.

La educación mixta no es la única opción válida y, por lo tanto, no debe ser la única ofertada por la Administración. Hay que plantear sin miedos la posibilidad de que los centros privados reciban subvenciones públicas y que los colegios públicos ofrezcan clases separadas por sexos. La libertad de enseñanza lo exige; nuestros hijos lo merecen; muchos padres lo quieren y nuestro desgastado sistema escolar lo necesita.