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El «plan Ibarretxe»

EL momento político y social que se está viviendo en España después de las elecciones del 14-M es una de las mayores encrucijadas de la historia, como nunca antes había ocurrido después de la Constitución de 1978. Las decisiones del Gobierno, muy condicionadas por la dependencia aritmética de los nacionalistas vascos y el tripartito catalán para poder seguir en el poder, vienen a mostrar de qué forma priman en el Gabinete de Rodríguez Zapatero los criterios de oportunidad a los de fondo, con el consiguiente desconcierto general, ya que en política las cosas no son como realmente son sino como parecen. El hecho de que el Gobierno no haya interpuesto recurso ante el Tribunal Constitucional sobre la aprobación del Plan Ibarretxe en el Parlamento Vasco con los votos de la ilegalizada Batasuna por el Tribunal Supremo, y que tampoco se haya recurrido por el Fiscal General el auto que exculpa a Atutxa de un delito de desobediencia por no disolver al grupo parlamentario Batasuna, supone una forma legítima de hacer política. Se justifican estas decisiones indicando que será en sede parlamentaria donde tendrán que resolverse, sin que sea preciso que se judicialice, lo que denota un talante distinto de hacer política frente al del principal partido de la oposición, quien propugna precisamente todo lo contrario, incluso formar un frente común constitucionalista para frenar a los nacionalismos sin contemplación alguna. Ante esta petición de acuerdos, los socialistas han rechazado una alianza constitucional con el partido de la oposición para intentar con este desmarque conseguir réditos electorales en las próximas elecciones vascas en el mes de mayo. De esta forma, ante la sociedad se presenta un partido socialista constitucionalista -el de Bono, Rodríguez Ibarra- frente al de Maragall, con una Rodríguez Zapatero que tiene que realizar equilibrios entre los secesionistas peneuvistas con el apoyo de ETA para intentar conseguir en el último minuto una victoria constitucionalista en el mes de marzo, cuando se discuta en las Cortes y de paso arañar algún voto en las elecciones vascas. Se pretende que el partido popular quede dañado electoralmente por no ser dialogante y tender puentes como han hecho los socialistas al negociar con los nacionalistas. Entre tanto, Maragall a la espera de esta experiencia piloto, para hacer realidad que Cataluña sea una nación más dentro de una comunidad de naciones, con el apoyo incondicional de su socio en el tripartito de la Esquerra Republicana. Este tipo de malabarismos políticos, sobre la unidad nacional de España, no dejan de ser altamente inquietantes para quiénes creen en la Constitución española y los respectivos Estatutos, como garantía de estabilidad territorial. Desde fuera de España, estos acontecimientos se observan no sin sobresalto. Así, el periódico neoyorquino The Wall Street Journal titulaba estos días en su editorial 'España balcanizada'. Lo que parece evidente dentro de esta legítima estrategia política es que los socialistas están empeñados en que el principal partido de la oposición no vuelva al poder, y para ello se hace lo que haga falta, incluido poner en juego la continuidad de la nación española. Se pretende hacer ver que el partido popular es el culpable de la ofensiva nacionalista, y es el obstáculo para la salida pacífica y dialogada entre constitucionalistas y nacionalistas. Es más, no se ve clara una alianza entre constitucionalistas en el País Vasco. Los socialistas parecen que prefieren pactar antes con los nacionalistas que con los populares. Ante esta situación hay que preguntarse si todo vale en política y si no resulta contradictorio que a los dos principales partidos políticos les una votar a favor del Tratado Constitucional en Europa y, sin embargo, no sea así respecto a la Constitución en España.