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Iglesia y nacionalismo

SE ha abierto un debate social y político sobre el nacionalismo, a raíz de la nota publicada por la Conferencia Episcopal Española. Considero que el contenido de este texto de los obispos no supone injerencia alguna en cuestiones políticas. Antes por el contrario están en la obligación de orientar a los católicos y a la sociedad sobre la moralidad de una propuesta de Estatuto Político de la comunidad de Euskadi, también denominado Plan Ibarretxe, aprobado el 30 de diciembre pasado en el Parlamento vasco.

Es competencia de la Iglesia pronunciarse e informar a las personas sobre la moralidad de determinadas leyes o actuaciones de los Gobiernos que puedan lesionar cuando menos el derecho natural, y eso en modo alguno supone meterse en "camisa de once varas", o abordar cuestiones que les incumba estrictamente a los políticos o a la sociedad civil, ya que es su deber, lo que no deja de ser una actuación valiente, sabiendo de antemano que habrá sectores que estarán en desacuerdo.

La calificación moral que merecen algunas Leyes o Estatutos, se puede llegar a conocer dejando que el sentido común y la razón alcancen a ver la realidad de los hechos, para llegar a las mismas conclusiones que la autoridad del Magisterio viene a confirmar. Pero lo mismo ocurre con otros muchos aspectos, cuyas pautas las marca el derecho natural o la ley natural.

Son precisamente los que sostienen posturas laicistas quiénes critican a la Iglesia de mantener una confrontación con el Gobierno de la Nación, ya sea por oponerse frontalmente a la aprobación del proyecto de ley sobre reforma del Código Civil, para contraer matrimonio entre personas del mismo sexo, o por denunciar el derecho que asiste a los padres para que a sus hijos les impartan enseñanza religiosa, o cuando se quebranta el derecho fundamental a la vida y se anuncia la aprobación del aborto, la investigación con embriones y la eutanasia, o se plantea el error de no incluir en el preámbulo de la Constitución Europea la referencia a las raíces cristianas de Europa, o establecen qué calificación moral comporta votar a partidos con un ideario contrario a la ley natural. Todas estas cuestiones son expresión del derecho fundamental a la libertad religiosa, ante las cuáles la Iglesia y los católicos tienen la obligación de pronunciarse, ya que emanan del mismo derecho natural, y además la jerarquía eclesiástica tiene la obligación de orientar a las personas y a la sociedad dentro de su misión pastoral.

Podríamos seguir enumerando algunos temas que forman parte de la Doctrina Social de la Iglesia, tales como la moralidad pública, la sociedad política, el trabajo humano, la cuestión social, la propiedad privada, la economía, la demografía, la justicia social, la guerra, las relaciones internacionales, los países pobres, el racismo, los totalitarismos y también los nacionalismos, entre otros muchos.

Hay una falacia bastante extendida que sostiene que la defensa de ciertas exigencias del derecho natural por parte de los católicos, constituye una actuación 'confesional' que no es compatible con la 'laicidad' de la vida política. Por ello, es preciso mostrar que la promoción en conciencia del bien común de la sociedad política no tiene nada que ver con la confesionalidad, ni mucho menos con la intolerancia religiosa, y que la laicidad consiste en la autonomía de la esfera civil y política respecto a la esfera religiosa y eclesiástica, nunca respecto a la esfera moral. Por el hecho de que algunas verdades morales sobre la vida social, la justicia, la libertad, el respeto a la vida y todos los demás derechos de la persona, también sean enseñados por la Iglesia, no disminuyen la legitimidad civil y la laicidad del compromiso de quiénes se identifican con ellas.

La Conferencia Episcopal Española, si bien no emite un juicio moral directo sobre el Plan Ibarretxe, viene a recordar la doctrina moral sobre el nacionalismo en España, citando otros documentos recientes. Se indica que resulta moralmente inaceptable que las naciones pretendan unilateralmente una configuración política de independencia. La virtud política de la solidaridad exige de los pueblos la atención al bien común. En consecuencia, parece evidente que dicha Propuesta de Estatuto es inmoral por su insolidaridad, unilateralidad, por los medios coactivos que utiliza, además de por su injusticia ya que vulnera los derechos de mucha personas.

La Doctrina Social de la Iglesia reconoce un derecho real y originario de autodeterminación política en el caso de una colonización o de una invasión injusta, pero no en el de una secesión. La Iglesia acepta las opciones políticas de tipo nacionalista que se ajusten a la norma moral y a las exigencias del bien común. Pero cuando las condiciones señaladas no se respetan, el nacionalismo degenera en una ideología y un proyecto político excluyente, incapaz de reconocer y proteger los derechos de los ciudadanos, con tentaciones totalitarias. Todo proyecto político para merecer un juicio moral positivo, ha de ponerse al servicio de las personas y no a la inversa, sin que se vulneren los derechos fundamentales. Por eso, la pretensión de que toda nación someta los derechos de las personas a proyectos nacionales impuestos de una manera u otra por la fuerza, dan lugar a un nacionalismo totalitario, que es incompatible con la doctrina católica. Llegar a poner en peligro la convivencia de los españoles, al negar unilateralmente la soberanía de España, sin valorar las graves consecuencias que esta negación podría acarrear, no sería prudente ni moralmente aceptable.