» Baúl de autor » Javier Pereda Pereda

Libertad religiosa

UNO de los temas que esta semana han ocupado las portadas y las editoriales de los periódicos nacionales y locales ha sido el discurso que Juan Pablo II ha dirigido a un grupo de obispos españoles en su visita 'ad limina' en Roma, advirtiendo que en España y en otros países se difunde un laicismo e indiferentismo religioso que lleva a la permisividad moral, que genera a su vez un desprecio por la religión y restricción de la libertad religiosa. En este sentido, recordó Juan Pablo II que los padres tienen derecho a elegir la enseñanza religiosa de sus hijos en la escuela, y que ésta debe ser garantizada por el Estado. Además, señaló que el laicismo que relega la fe a la esfera de lo privado oponiéndose a su expresión pública no es compatible con la libertad religiosa.

De inmediato se ha abierto un debate social y político en donde se han expuesto diferentes posturas. Para unos, los sentimientos de los creyentes católicos merecen todo el respeto de los poderes públicos, pero no hasta el extremo de traducir sus normas morales en leyes que obliguen a todos los ciudadanos. Esta consideración no deja de ser un sofisma, puesto que en realidad lo que se hace es legislar de forma abiertamente contraria a las creencias de los católicos. Un ejemplo palmario de lo expuesto es que el actual Gobierno ha establecido que no se impartirán clases de religión en los colegios. El "menos religión y más gimnasia" de Rodríguez Zapatero muestra el respeto que le merecen las mayorías sociales, dado que el 80% de los padres prefiere que sus hijos reciban enseñanza religiosa en el colegio. Lo democrático en este sentido sería tener en cuenta esta abrumadora mayoría social, con un permanente diálogo con las partes interesadas. Sin embargo, se impone una escuela pública laica en la que desaparece la asignatura de religión. Imponer una ideología desde arriba es siempre un resabio de despotismo ilustrado.

Otro tanto podría decirse de la aprobación del anteproyecto de ley que modifica el Código Civil para aprobar el matrimonio entre homosexuales. Pese a las críticas del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial, además de un importante sector de la sociedad civil, el actual Gobierno no se conforma con otorgar una regulación legal a estos colectivos mediante una unión civil, sino que pretende equipararlos al matrimonio heterosexual, con derecho además a la adopción.

Es pues innegable que el actual Gobierno socialista pretende ejecutar el programa más laicista en sus ciento veinticinco años de historia. El anuncio del aborto libre hasta las 12 ó 14 semanas de embarazo, la gratuidad de la píldora abortiva para jóvenes y adolescentes, la financiación de la transexualidad por el sistema Nacional de Salud, la nueva Ley de Reproducción Asistida que apuesta por la investigación con células madres embrionarias, la creación de una Comisión Parlamentaria para estudiar la eutanasia activa, la eliminación de la financiación estatal de la Iglesia Católica, la aprobación del divorcio exprés, el apoyo a religiones minoritarias como el islam que no alcanzan el dos por ciento de la población con dotaciones presupuestarias equiparables a la Iglesia Católica, son sólo algunas de las medidas que forman parte de la hoja de ruta, dentro del Estatuto de Laicidad que elabora el Gobierno para acabar con las 'ventajas' de la Iglesia Católica, que supone más del 80% de los españoles.

Sin embargo, ante las palabras de Juan Pablo II de que en España se difunde una mentalidad inspirada en el laicismo que promueve un desprecio hacia lo religioso, muchos dirigentes políticos se han rasgado las vestiduras en un gesto claramente farisaico. Así, el ministro de Defensa José Bono, que se autoproclama católico, afirma que "las actitudes tridentinas de la Iglesia le perjudican, sobre todo en temas como el uso del preservativo o la homosexualidad, y constituyen una obscenidad, ya que no se puede estar permanentemente criticando al Gobierno de laicismo". El polémico ministro no sólo demuestra una ignorancia histórica supina en desconocer la importancia doctrinal de dicho Concilio sino que además se permite el atrevimiento de querer dar lecciones doctrinales y morales a la mismísima Cabeza de la Iglesia. Con estas descalificaciones se pretende sembrar confusión, con tal de defender a toda costa a sus correligionarios políticos, delatando una vez más un claro relativismo moral.

Pero no le anda a la zaga Rodríguez Zapatero cuando se atreve a afirmar que España vive la mayor libertad religiosa, política e ideológica de su historia. O se convoca al nuncio del Vaticano en España para mostrar la extrañeza del Gobierno ante las declaraciones del Papa. Parece lógico que al Gobierno le hayan dolido estas acertadas reflexiones, lo cual indica que se ha visto reflejado plenamente en su actitud de atacar la libertad religiosa de los españoles, por ello mostrar extrañeza es síntoma de hipocresía política. Pretender que gran parte de la sociedad civil que está padeciendo este tipo de atropellos innecesarios asuma estas explicaciones es una ofensa al sentido común y a su dignidad ante semejantes desvarios. Es conocida la política errática del Gobierno de no reconocer crítica alguna, de pretender dar la vuelta a la realidad, y de faltar de forma sistemática a la verdad de los hechos, con lo que eleva el nivel de crispación de la vida política.

Otros argumentan que hay que enfriar esta polémica y no contribuir a una confrontación que no existe en la sociedad española, y que se trata de un discurso negativo y antagónico de la Iglesia Católica. Con esta postura lo que se pretende es que los católicos sigan inhibiéndose y ocultándose en las catacumbas y dejen hacer a sus adversarios ideológicos en los asuntos públicos que conforman el bien común, quizás acostumbrados antaño a que los católicos sumisos no rechistaran ante esta ofensiva laicista. Pero los ciudadanos católicos que representan como mínimo otra media España, esta vez no están dispuestos a callarse y quieren defender su derecho constitucional a la libertad religiosa, al menos con la misma intensidad que de contrario.

A estas alturas se podrá seguir haciendo demagogia, pero es incuestionable el posicionamiento del Gobierno socialista respecto a la ofensiva abierta contra los católicos, disfrazada de un feroz laicismo, en donde se propugna no ya la aceptable autonomía de la esfera civil y política respecto a la esfera religiosa, o también llamada aconfesionalidad, sino la marginación de la libertad religiosa de gran parte de la sociedad en el ámbito público. Ante esta apuesta laicista, los católicos no pueden quedarse impasibles viendo cómo se atropella el derecho fundamental recogido en nuestra Constitución de la libertad religiosa.