» Baúl de autor » Javier Pereda Pereda

Regularización de inmigrantes

LA Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, contiene la actual legislación sobre inmigración, que ha sido desarrollada por el Reglamento de Extranjería en el Real Decreto 2393/2004 de 30 de diciembre, en el que el actual Gobierno pretende la regularización de cientos de miles de inmigrantes ilegales -se estima que 800.000, según el Gobierno- a partir del día 7 de febrero hasta el 7 de mayo de 2005.

Para la regularización de los trabajadores extranjeros la Administración ha establecido la contratación de numerosos empleados de refuerzo y ha habilitado 160 centros de la Seguridad Social para la recepción de solicitudes. Con la peculiaridad de que las solicitudes tendrán que presentarse por la persona o empresa empleadora, acompañando el pasaporte o documento de identificación del extranjero, su empadronamiento antes del 8 de agosto de 2004, un certificado de antecedentes penales y el documento de inscripción de la empresa en la Seguridad Social, junto con un contrato de trabajo de una duración de seis meses y de tres para trabajos agrícolas.

Esta medida que ya se anunció por la Secretaria de Estado de Inmigración Consuelo Rumí en el mes de agosto de 2004, tiene como objetivo regularizar a los inmigrantes sin papeles, para lo que cuenta con los empresarios que estén dispuestos a colaborar y acabar con la economía sumergida. Se advierte además, que transcurridos los tres meses indicados, la Inspección de Trabajo impondrá multas de hasta 60.000 euros a los empresarios que contraten trabajadores extranjeros en condiciones fraudulentas.

Según los datos del padrón hay más de tres millones de inmigrantes y los permisos de residencia elevan a 1,8 millones el número de extranjeros legales, con lo que habría cientos de miles de irregulares en el país.

Ante el hecho de la inmigración, uno de los grandes temas complejos de nuestro tiempo, se abre un debate intelectual y moral, ya que supone una riqueza, un derecho y un problema. Se me ocurren cinco actitudes típicas ante el fenómeno migratorio: el rechazo y la expulsión de los inmigrantes o el impedimento de su entrada, incluida la controlada; su exclusión de la ciudadanía y la condena a la marginación y a la vida fuera de los muros de la ciudad; la asimilación forzosa; la integración en la sociedad de acogida, conservando sus costumbres y creencias en la medida en que no atenten contra los principios y valores fundamentales de aquélla, y la solución multiculturalista. Las tres primeras atentan contra la dignidad del hombre por lo que deben ser rechazadas, a pesar de que existen desgraciadamente ámbitos políticos y sociales no muy lejanos que sustentan todavía estas actitudes xenófobas que atentan contra la igualdad de las personas. Por cierto, que la idea de dignidad del hombre como atributo universal y no particular de una raza, clase, grupo, tipo o casta, debe mucho, si no todo, a la concepción cristiana de la persona y, por ello, a la civilización europea o, si se prefiere, occidental. Para Giovanni Sartori, el multiculturalismo entraña la concesión de un derecho ilimitado a toda comunidad cultural que vive en el seno de una sociedad democrática, a conservar sus creencias y costumbres con independencia de su conformidad u hostilidad con los valores democráticos liberales. El multiculturalismo produce la segregación entre culturas, convertidas en compartimentos estancos, la marginación y la constitución de guetos. En consecuencia, mi apuesta es por la integración, ya que respeta el pluralismo entre las culturas, pero bajo el imperio de los principios y valores fundamentales en los que se sustenta la sociedad de acogida.

Ante esta nueva regularización de inmigrantes son innegables una serie de aspectos positivos como que miles de personas que trabajan de forma irregular pasarán a formar parte del sistema legal, aumentarán las altas en la Seguridad Social a partir de normalizar su situación laboral siendo beneficiarios del sistema sanitario y educativo, comenzarán a pagar impuestos, se combate la economía sumergida y se controla a las mafias. En definitiva, se está realizando una importante política social migratoria que da cabida a muchas personas sin medios y con deseos de ganarse la vida honradamente, ofreciéndoles una oportunidad de trabajo e incluso de integración en nuestro país.

Este aspecto tan complejo no deja de presentar dificultades. Frente a este proceso de regularización de inmigrantes, la realidad nos dice que muchos extranjeros de todo el mundo creen que habrá papeles para todos, con lo que no cesan de afluir a nuestras fronteras y costas personas que en muchos casos arriesgan la vida, ante el efecto llamada. Esto supone que diariamente se incremente el número de extranjeros que llegan a nuestro país, desde África, Sudamérica, y este de Europa, de forma masiva, y sin posibilidad de controlar sus antecedentes penales y su situación personal, agudizando las mafias los recursos para falsificar documentos. Ante esta realidad, la Unión Europea ha mostrado su disconformidad con España al no cumplir la política común europea en materia de inmigración. Así, el ministro de Interior alemán y la ministra de Inmigración holandesa han criticado al Gobierno español por no haber consultado con sus socios europeos el proceso extraordinario de regularización de trabajadores extranjeros, que afectará no sólo a España sino a toda la Unión Europea. Países como Alemania, Francia e Inglaterra, han adoptado unas políticas migratorias con medidas restrictivas, y sin embargo, en España se abre un proceso de regularización, lo que supone una afluencia de inmigrantes en los países de la UE.

Hay que celebrar la decisión generosa de regularizar a cientos de miles de trabajadores, pero precisamente por la ingente cantidad de personas que supone, hubiera sido deseable y exigible mayor control y orden para poder dar cabida a las necesidades de trabajo de estas personas, y la capacidad de oferta por parte de nuestro país. Tengamos en cuenta que los 800.000 inmigrantes que se pretenden regularizar pueden alcanzar cifras de hasta tres y cuatro millones de personas con la reagrupación familiar. Y hay que preguntarse hasta qué punto estamos preparados para dar acogida y respuesta a esta demanda de trabajo, y si no pueden generarse problemas de convivencia. Finalmente un último apunte suspicaz hace pensar si la medida adoptada por el Gobierno no entraña un determinado interés electoralista con vista a las próximas elecciones. En consecuencia, una correcta política migratoria debería conjugar la solidaridad de la inmigración legal, con las posibilidades reales de forma controlada de acogida y trabajo en España y demás países miembros de la Unión Europea.