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Matrimonio homosexual: apelar a la conciencia

Lo que se aprueba por mayoría en el Congreso, por mayoría se puede derogar. Y más si el Senado lo tumba.

Como era previsible, dado el nulo consenso alcanzado, la nueva ley que va a permitir el matrimonio entre personas de mismo sexo será un foco de enfrentamiento y división de la sociedad. Su manifestación más inmediata y totalmente imprevista por parte del gobierno es el conflicto que va a derivarse del ejercicio del derecho a la objeción de conciencia recogido tanto por la Constitución Española, como por la Europea. Este enfrentamiento entre la conciencia y ley es una cuestión de límites. ¿Dónde está el limite de la objeción de conciencia? ¿Hasta dónde puede obligar una ley?

Los casos más conocidos son los de los médicos con el aborto o, los ciudadanos con el servicio militar cuando éste era obligatorio. En cualquier caso y con carácter general la objeción de conciencia es legítima cuando no cae en la subjetivización, es decir cuando está motivada por criterios morales que estructuran las grandes concepciones que poseen la humanidad.

Se puede aducir que toda ley aprobada por un parlamento democráticamente elegido debe cumplirse, pero esta afirmación es de dudosa validez general si no se consideran dos datos adicionales, primero el contenido moral de la ley a la luz del criterio más arriba apuntado: los nazis aprobaron buena parte de sus leyes en un parlamento que había sido elegido. Suecia y Estados Unidos, a finales de los años 20 e inicios de los 30 del siglo pasado aprobaron leyes eugenésicas que hoy llenan de vergüenza.

La segunda consideración es de naturaleza procedimental, cuestión clave en una sociedad de democracia liberal como la nuestra, donde se argumenta que no existen valores absolutos y todo radica en procedimientos que posibiliten consensos y el respeto a distintas formulaciones. Una ley que va a modificar el matrimonio que constituye una institución previa al propio estado contemporáneo y que es el común denominador en todo el mundo excepto en Holanda y Bélgica (adopción, pero excluida), algo tan radicalmente nuevo, debería ser el resultado de un amplio debate y consenso político y social.

Es todo lo contrario, es un simple trágala que contará con unos pocos votos de más en el Congreso, porque Consejo General del Poder Judicial la ha criticado, lo mismo que la Academia de Jurisprudencia, el Consejo de Estado ha presentado serias objeciones, la Iglesia católica, las otras confesiones cristianas, los judíos y el Islam han manifestado su oposición. Se ha producido una Iniciativa Legislativa Popular que ya ha entregado medio millón de firmas que tienen además el valor de que su recogida debe ajustarse a un procedimiento reglado y riguroso, una cifra que posiblemente se elevará hasta las 800 mil.

El Senado previsiblemente la vetará o la enmendará hasta dejarla irreconocible. Ninguna ley se ha aprobado en la historia de este país con tales elementos procedimentales en contra, que explicitan que la sociedad en gran medida no la admite. Rodríguez Zapatero argumentó como razón máxima para derogar la LOCE y el PHN el que habían sido aprobados sin consenso. ¿Es que acaso modificar el matrimonio es un tema de menor entidad que los apuntados? El gobierno ha escogido el peor de los caminos posibles y esto significa conflicto y coste político para él y un enconamiento con la cuestión homosexual que en nada va a favorecer a los teóricos beneficiarios en su vida cotidiana. Lo que se aprueba por mayoría en el Congreso, por mayoría se puede derogar.