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Libertad escolar

Perdóneseme el recuerdo personal, quizá disculpable porque se refiere a una etapa capital de mi vida, que me ayudó a amar la educación y su libertad, tanto en lo que se refiere a la creación de centros como a la formación de personas con libre albedrío. Hace cuarenta años, con la carrera de Pedagogía recién terminada, unos pocos apasionados de la escuela iniciamos un colegio situado en una zona periférica de Pamplona, que impartía entonces el bachillerato laboral a unos chavales de familias con escasos recursos económicos. Podría escribir un libro con las dificultades encontradas para ejercer esa libertad de crear un centro educativo al servicio de los más necesitados. También podría contener esa obra un montón de historias de gran calado humano.

Después, por mi profesión y las tareas inherentes a mi posterior condición sacerdotal, he podido vivir en primera línea los dolores que cuesta la libertad escolar: trabas legales, dificultades económicas, incomprensiones; y también -insisto- muchas satisfacciones al ver crecer mujeres y hombres esforzándose para ser cabales, honrados, cristianos, libres. Pero casi siempre a contracorriente de quienes, de un modo u otro, quieren controlar la escuela. Pasados tantos años, no logro comprender -porque no querría pensar mal- que no se viva en este tema el elemental principio de subsidiariedad, es decir, que las sociedades menores no sean suplantadas por otras mayores, y por el Estado principalmente, para realizar tareas que pueden -y quizá deben- hacer aquellas.

Es más, actualmente, es como si la subsidiariedad se hubiera invertido, y la iniciativa social en lo escolar casi sólo cupiera donde no llega lo público. Pero, además, en ocasiones el círculo se estrecha hasta lograr que tampoco la escuela pública sea libre. Tres muestras bien claras: la dificultad creciente para la enseñanza religiosa, la zonificación que obliga a buscar el centro en un determinado perímetro, y la ausencia de enseñanza diferenciada, temas que otros países han empezado a corregir. Así la libertad de los padres para elegir el centro educativo más conforme a sus deseos y estilo de vida se diluye fácilmente. La Iglesia siempre ha predicado esta doctrina, por ejemplo, en el último Concilio: "Todos los hombres de cualquier raza, condición y edad, por poseer la dignidad de persona, tienen derecho inalienable a una educación que responda al propio fin, al propio carácter, al diferente sexo, y acomodada a la cultura y a las tradiciones patrias y, al mismo tiempo, abierta a las relaciones fraternas con otros pueblos, para fomentar en la tierra la unidad verdadera y la paz". Y, algo más adelante, después de afirmar que el deber de la educación compete en primer lugar a la familia, puede leerse: "Obligación de la sociedad civil es proveer de varias formas a la educación de la juventud: tutelar los derechos y obligaciones de los padres y de quienes intervienen en la educación y colaborar con ellos; completar la obra educativa, según el principio de la acción subsidiaria, cuando no basta el esfuerzo de los padres y de otras sociedades, atendiendo a los deseos paternos; y, además, crear escuelas e institutos propios según lo exija el bien común" ( Declaración sobre Educación ).

No se vive la subsidiariedad cuando se insiste hasta la saciedad en que el dinero público es para la escuela pública o, a lo sumo, para la concertada que, en bastantes casos, corre el riesgo de perder la identidad que los padres buscan en ella. No hay inconveniente en invertir ese dinero público -que el Gobierno sólo administra, porque es de todos- en televisión, en cine subvencionado, en espectáculos populares más o menos interesantes -a veces, nada- en ONG en las que hay de todo y, desde luego, en otros servicios verdaderamente necesarios, seguramente en la mayoría de las ocasiones. Pero ahí sigue sufriendo la escuela de iniciativa social su falta de libertad por las amenazas constantes de algunos Gobiernos y por los escasos recursos recibidos, lo que exige la búsqueda de otros modos de financiación si se quiere una educación de calidad, mientras que la escuela estatal cuesta mucho más al erario público, a la vez que no pocos pagan dos veces la educación de sus hijos: con sus impuestos y en el centro elegido. Pero no se piense que esto es siempre una nueva redistribución de la riqueza, porque para muchos padres es un esfuerzo desproporcionado y, quizá en todos los casos, una especie de nuevo tributo no previsto en las leyes fiscales.

El artículo 27 de la Constitución recogió muy aceptablemente estos derechos, pero la realidad ha sido muy variada en las distintas autonomías, influyendo bastante la ideología del que sustenta el poder o el deseo de controlar la escuela, y hasta la consideración, como más políticamente correcta, de que lo verdaderamente importante es crear centros públicos, mientras que los de iniciativa social casi aparecen para algunos como una concesión graciosa. Para mí, lo correcto es la libertad.