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Derechos del hombre (y 4)

Tenemos la cabeza, dice Pascal, para que «busquemos las razones de los efectos». Sin quedarnos, por lo tanto, en lo que sucede, sino interrogándonos acerca de las causas, a menudo no tan evidentes. Un deber de lucidez -añade ese grande- que incumbe especialmente a los cristianos, a quienes en efecto se les dijo: «Vosotros sois la sal de la tierra...Vosotros sois la luz del mundo» (Mt. 5, 13-14).

Ahora bien, debería estar claro que las «razones» de muchos «efectos» que ocurren fuera y dentro de la Iglesia están en pocas, pero decisivas, palabras. La «Declaración de los derechos del hombre» de 1789 proclama en el artículo 3: «El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún cuerpo, ningún individuo puede ejercer una autoridad que no derive expresamente de ella.» Y, en el artículo 6: «La ley es la expresión de la voluntad general.»

La «Declaración universal de derechos humanos» de las Naciones Unidas, en 1948, confirma y hace explícito en el artículo 21: «La voluntad del pueblo es el fundamento de la autoridad de los poderes públicos. Esta voluntad tiene su expresión en elecciones honestas que deben realizarse periódicamente, con sufragio universal igual y voto secreto.»

Según hemos visto ya en tres «capítulos», estas dos «Declaraciones» representan casi la Biblia de una nueva religión: la religión del hombre, donde todos podrían -mejor, deberían- converger. Una base común para creyentes y no creyentes, para construir juntos una sociedad diferente y mejor.

Pero todavía no hemos hablado -salvo algunas anticipaciones- del motivo principal por el cual el pensamiento cristiano (y especialmente católico) se ha resistido durante tanto tiempo a aceptar en su conjunto y sin reservas «Declaraciones» como las de la Revolución francesa y de las Naciones Unidas. En ellas, en efecto, se considera ilegítima y arbitraria cualquier autoridad que no derive expresamente del pueblo a través del voto. La lógica de los artículos citados (que son el punto central de esos textos, el principio unificador de todo moderno «derecho del hombre») rechaza cualquier autoridad que no sea legitimada por elecciones libres, periódicas, universales. Hay que oponerse, por lo tanto, a lo que no es «democrático» en este sentido.

Pero en todas las sociedades humanas, de cualquier época y cualquier país, existen autoridades «naturales» que no derivan del artificio de elecciones: la familia, por ejemplo, donde los padres no son elegidos por los hijos, y, sin embargo, legítimamente pretenden autoridad sobre ellos. La escuela, donde el maestro ejerce una autoridad que no deriva del sufragio de los alumnos. La misma patria, que no es fruto de libre elección, sino de un «destino» (nacer aquí y no allá); y, sin embargo, incluso las constitu­ciones más avanzadas le otorgan tal autoridad, que nos puede pedir hasta el sacrificio de la vida en su defensa. En efecto, a partir de 1789 -y de manera cada vez más acelerada desde 1948- la lógica de la «democratización» de todo y a toda costa ha llegado a afectar a estas realidades, provocando actitudes de oposición a la autoridad de la familia, de la escuela, de la patria y de todo lo que no deriva de sufragio universal.

Pero entre estas realidades «no democráticas» estaba y está sobre todo la Iglesia, con su pretensión fundamental: una autoridad, la suya, que no viene de abajo, del «cuerpo electoral», sino de arriba, de Dios, de la Revelación en carne y palabras, que es Cristo. Tanto es así, que un año después de proclamar los «derechos del hombre», la Revolución, con la «Constitución civil del clero» de 1790, reorganizaba la Iglesia según los principios «democráticos», los únicos principios legítimos: supresión de las órdenes religiosas (consideradas contrarias a los derechos humanos) y elección de párrocos y obispos, hecha por todo el cuerpo electoral, incluidos, por lo tanto, no católicos y ateos. Luego, cuando las tropas francesas ocuparon Roma, en seguida abolieron el papado, que era «un poder arbitrario, por no derivar del sufragio universal».

Ninguna religión es «democrática», obviamente (no hay votación sobre Dios, si existe o no; sobre las obligaciones y deberes que, según la fe, Él impone a los hombres). Menos «democrático» aún el cristianismo, según el cual el hombre ha sido creado por indiscutible voluntad de Dios. El cual, luego, eligió a un pueblo para imponerle una ley que no había sido concordada ni legitimada por elecciones: no era una «Declaración de derechos», sino aquella «Declaración de deberes del hombre» que es el Decálogo. Jesús es justo el contrario de un «elegido por el pueblo»: «Por Él el mundo había sido hecho, y el mundo no lo conoció»; «Él vino a lo suyo, y los suyos no lo recibieron» (Jn. 1, 10-11). Pilatos propuso una especie de referéndum «democrático» a una representación del pueblo, reunido con sus jefes: el resultado fue negativo para el candidato, eliminado por mayoría en beneficio de Barrabás. Jesús, sometido a libres elecciones, no habría aprobado los «exámenes de Mesías» ni siquiera entre sus discípulos, tan contrarios a su destino que el «portavoz de la base», Pedro, es dura­mente reprochado «porque no siente las cosas de Dios, sino las de los hombres» (Mt. 16, 23). La «Constitución» del cristiano, el «discurso de la montaña», no la pide el pueblo -que, al contrario, se desconcierta frente a ella-, sino que se le propone con un acto unilateral.

Y tampoco es democrática la estructura de la Iglesia, que no se basa en elecciones, sino en los Apóstoles, a quienes se les recuerda: «Vosotros no me escogisteis a Mí; pero Yo os escogí» (Jn. 15, 16). Lo cual es justo lo contrario del principio que legitima la autoridad según todas las modernas declaraciones de los derechos del hombre. Que, aceptados sin las necesarias reservas y objeciones, llevan por necesidad lógica, en la Iglesia, a aquellas mismas consecuencias a las que llegaron los revolucionarios. Es difícil negar coherencia a esos teólogos que piden la «democratización» de la Iglesia; donde no solamente todas las autoridades (desde el vicepárroco al Papa) deberían ser legitimadas por elecciones del «pueblo de Dios», sino también el dogma, expresión de una intolerable mentalidad jerárquica, debería ceder el paso a la libre opinión y la moral debería ser sometida a periódicos referéndums. Hay que ser conscientes de que la aceptación de una determinada mentalidad por parte católica lleva lejos de la estructura de la fe, que sin embargo se dice querer seguir practicando.

Hacen falta lucidez y coherencia: existe, en todas las cosas (lo repetimos), una relación de causa y efecto que parece ignorar, en cambio, quien con ligereza piensa poder abrazarlo todo y el contrario de todo.