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El anuncio del dialogo con ETA

El Presidente del Gobierno acaba de anunciar ante los medios de comunicación que va a iniciar un diálogo con ETA, incumpliendo el compromiso de hacerlo ante el Congreso de los Diputados y sin convocar el Pacto Antiterrorista y la Comisión de Secretos Oficiales. Lo más lógico sería debatir esta cuestión en sede parlamentaria para conocer el parecer de las distintas formaciones políticas, pero ha preferido una declaración institucional, sin preguntas, antes de iniciar esta arriesgada aventura personal que afecta a todos los españoles.

Las exigencias de este anuncio vienen determinadas por la propia banda terrorista ETA, que había dado de plazo en el periódico Gara hasta finales del mes de junio. Este anuncio es más formal que otra cosa. Realmente el Gobierno lleva con contactos y negociando con ETA desde hace más de cuatro años. Por eso, si fuera honesto Rodríguez Zapatero, se habría limitado a anunciar que la negociación continúa, no que va a iniciarse el diálogo. Así lo han reconocido abiertamente el partido socialista del País Vasco y los propios terroristas. De esta forma, Rodríguez Zapatero pretende las bendiciones de la sociedad, al amparo de la resolución adoptada por el Congreso en mayo de 2005. Todo ello pese a que no se han cumplido las condiciones fijadas por el Parlamento. No parece que durante este tiempo los terroristas hayan dado pruebas inequívocas de abandonar su actividad criminal. Las cartas de extorsión en abril y mayo a empresarios, los más de cuarenta actos de violencia callejera, las detenciones de la policía y la justicia francesa a terroristas de ETA, la actitud chulesca y desafiante de Txapote en el juicio celebrado en la Audiencia Nacional por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, desacredita el buenismo del Presidente del Gobierno en su declaración institucional, indicando que han desaparecido la totalidad de las acciones terroristas.

Más sorprendente resulta la manifestación de Rodríguez Zapatero de que la democracia no va a pagar ningún precio político por alcanzar la paz. A estas alturas, después de lo que llevamos visto, no deja de ser una declaración retórica que nadie puede hacer fiable ni creíble, después de los continuos incumplimientos de este Gobierno del 14-M durante estos dos años y medio. El Pacto Antiterrorista y la Ley de Partidos Políticos es papel mojado a esta alturas, habiendo apartado los socialistas al principal partido de la oposición para realizar estos enjuagues electorales inconfesables con terroristas, enarbolando la bandera de la paz. No se trata, por lo tanto, de un inicio de diálogo con ETA, como de la ejecución de un plan ya acordado con la banda terrorista. Y en este plan, como ya lo ha manifestado de forma inequívoca la ETA, es condición indispensable para la irreversibilidad del mal llamado proceso de paz, pasar por el innegociable precio de la autodeterminación del País Vasco, Navarra, la legalización de Batasuna-ETA, y la excarcelación de los presos de la banda terrorista.

La reiteración de que este proceso va a ser largo, duro y difícil, respetando la memoria de las víctimas tiene también su explicación. Se trata de ir inoculando de forma progresiva con la abrumadora propaganda gubernamental a la sociedad, el anestésico de la falsa paz, al no estar sustentada en la libertad. Más bien, es la paz de la rendición de la sociedad, la vejación de la memoria, el honor, la dignidad y la justicia de las víctimas del terrorismo, y del Estado de Derecho ante el terrorismo de ETA. Las víctimas ya le han dicho al Presidente, una vez más, que en su nombre no. Y sin embargo ETA-Batasuna ha aplaudido esta decisión. Y será largo, contando con los tiempos electorales, para ir cumpliendo un calendario previamente establecido. Que nadie dude que para las próximas elecciones municipales de 2007, Batasuna-ETA, estará legalizada en fraude de ley como partido político, quizás con otro nombre, como ocurrió con el PCTV, pero estará legalizada para de esta forma una vez vulnerada la Ley de Partidos y el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, pueda desenvolverse con naturalidad en las mesas de negociación en el País Vasco, para hacer volar definitivamente el Estatuto de Guernica redactado al amparo constitucional.

Lo más llamativo de esta declaración institucional del Presidente del Gobierno ha sido la referencia de que respetará las decisiones de los ciudadanos vascos que adopten libremente. Todo ello, después de decir que en Euskadi se disfruta del mayor autogobierno que ha tenido nunca en su historia. Se perfila perfectamente ante esta contradicción e incoherencia, el horizonte del precio a pagar, la apertura del proceso de autodeterminación. No importan las referencias al marco constitucional de 1978, que chocan frontalmente con estos planteamientos secesionistas e independentistas. Ya tenemos un antecedente y una importante coartada, que legitimará una vez más la voladura de la Constitución y el desmantelamiento del Estado, que es el Estatuto de Cataluña. Aquí es donde radica la clave de esta declaración institucional. Al mismo tiempo que se habla de que no se pagará precio político, y que se observarán los valores y principios constitucionales, en este proceso de negociación con ETA, se da vía libre a una interpretación progresista con el llamado uso alternativo del derecho, de tal forma que aunque la legalidad vigente chirríe y salte por los aires, no le van a doler prendas al Gobierno socialista en ir pagando de forma progresiva y en el tiempo el precio que exige ETA. Para ello, se dirá que los Jueces y Magistrados tendrán que adaptarse a la realidad social e interpretar las leyes en este contexto histórico, se perseguirá a quién como el Juez Grande Marlaska no prevarique y cumpla la legalidad vigente, desarbolando las actuaciones de los partidos ilegales, y llamarán fascistas, enemigos de la paz y fanáticos a quiénes se opongan a estas pretensiones descabelladas. Por eso, la sujeción a la legalidad que invoca Rodríguez Zapatero es un engaño más a que nos tiene acostumbrados.

Estamos ante una mala noticia para la democracia, las libertades, la Constitución, el Estado de Derecho y la unidad indisoluble de la Nación española, ante la apuesta de cambio de régimen que propugna este Gobierno a través de las reformas estatutarias. El 35 por ciento de los catalanes, es decir, menos de 2 millones de personas, no pueden cambiar el concepto de Nación de más de 44 millones de españoles. Ni la mayoría abertzale en el País Vasco, pueden tampoco cambiar el rumbo de España. En tal caso, como recientemente ha ocurrido en Italia, haría falta un referéndum de todos los españoles para decidir el concepto de España y definir las competencias del Estado. Y por supuesto, habrá que castigar en las urnas al partido del Presidente del Gobierno ante esta política demencial y contra los intereses de la mayoría de los españoles.