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Matrimonio homosexual y ecosistema familiar

En rápida secuencia, tres acontecimientos han vuelto a poner en primera línea de atención el llamado matrimonio entre homosexuales.La Conferencia Episcopal española rechaza el proyecto de legalizarlos en España. El Senado de los Estados Unidos se muestra contrario a una enmienda constitucional que intentaba definir el matrimonio como una «unión entre un hombre y una mujer». En Australia, el Partido Liberal, en coalición con el Partido Nacional, ha presentado un proyecto de ley para que las uniones homosexuales no puedan considerarse matrimoniales.

Respecto a la nota de la Conferencia Episcopal, ya se han producido los primeros comentarios a favor y en contra, aunque no ha dejado de observarse la solidez de los argumentos antropológicos y jurídicos utilizados. En lo que respecta al debate norteamericano, los votantes en contra de la enmienda se han apresurado a proclamar que «no son partidarios del matrimonio homosexual»: lo que quieren es que el tema lo regulen los estados. Pero el dato más interesante es que los senadores Kerry y Edwards -aspirantes a la presidencia y vicepresidencia- han sido los únicos que no han acudido a la votación en el Senado. Su no presencia recuerda la histórica ausencia del senador John F. Kennedy cuando se votó en el Senado la condena contra el senador Joe McCarthy. También entonces muchos futuros votantes demócratas no tenían clara la cuestión. De ahí que el joven Kennedy adoptara la ambigua posición, que fue muy criticada, de no asistir a la votación. El entonces senador por Massachussets, como ahora Edwards y Kerry, se quitó de en medio pensando en la futura presidencia. La postura del tándem demócrata se explica si se piensa que una encuesta de la CNN por cable, a nivel nacional, arroja el resultado de un 64% de americanos en contra del matrimonio homosexual, por un 32% a favor. Una votación en contra de la enmienda podría haber perjudicado sus aspiraciones en la votación del 2 de noviembre. Y, respecto al proyecto de ley australiano, la aprobación parece segura, ya que la oposición laborista (socialista) ha anunciado que no pondrá objeciones. Según su portavoz para asuntos de justicia, en Australia el matrimonio siempre ha sido heterosexual. Por tanto, añadió, «no vamos a escandalizarnos si el Gobierno presenta un proyecto que simplemente confirma la ley vigente».

Tanto en España como en Estados Unidos y Australia, las respectivas posiciones -a favor o en contra- no han dejado de observar que la cuestión del matrimonio entre homosexuales tiene una importancia relativa, si la comparamos con otras como la seguridad o el paro.En este sentido, es ilustrativo que la incidencia de las uniones homosexuales legales, en los países en que se han admitido, es bastante baja. Hasta ahora, ha sido más el ruido que las nueces.Acaban de hacerse públicos en el Congreso anual de la Population Association of America (celebrado en la Universidad de Princeton del 1 al 3 de abril) los datos relativos a dos países pioneros en su legalización: Noruega y Suecia. Entre 1993 y 2001 se registraron en Noruega 1.293 parejas homosexuales (7 por cada mil); en cambio, hubo 190.000 matrimonios heterosexuales. En Suecia, entre 1995 y 2002, hubo 1.526 registros homosexuales (5 por cada mil) y 280.000 matrimonios. No obstante esta baja incidencia de la unión legal homosexual, el problema radica en la distorsión de la noción de matrimonio que ha producido. Han transformado las relaciones familiares en simples relaciones socio­asistenciales o sexuales, produciéndose un impacto no positivo en el ecosistema de la familia conyugal. No conviene olvidar que el modelo matrimonial de Occidente no pretende esos reducidos efectos; lo que pretende es, junto al amor de los cónyuges, potenciar un estilo de vida que asegura la estabilidad social y el recambio y educación de las generaciones.

En el estudio al que acabo de aludir, se añade un dato de interés: el riesgo de divorcio es muy superior en las uniones homosexuales que en las heterosexuales. En concreto, 1,5 veces superior en el caso de los gays y 2,67 veces en el de las lesbianas. Realizado el ajuste de las distintas variables, la conclusión es que la probabilidad de divorcio en las parejas gays es un 35% más alta que en la de las uniones heterosexuales; en las lesbianas se triplica. De ahí que estas uniones se hayan denominado uniones de porcelana. Un ejemplo es el planteamiento del primer divorcio en Canadá de un matrimonio de lesbianas: la unión legal ha durado cinco días. De modo que, como ha detectado De Andrés, la posible aprobación en algún estado americano del matrimonio homosexual «ha disparado la imaginación de los círculos jurídicos norteamericanos, tradicionalmente avezados en sacar agua del desierto», es decir, siempre prestos a hacer negocio con las rupturas matrimoniales.La cuestión ha sido resumida por Jo Ann Citron, un abogado de Boston, de la siguiente manera: «Lo más importante que se logra con el matrimonio (entre homosexuales) es el divorcio». Y es que, ampliando la cuña del divorcio, ya de por sí amplia en el matrimonio heterosexual, con la inyección de la inestabilidad que producen las uniones legales homosexuales, se introduce una alteración en el propio corazón de la unión matrimonial, que hace algo más que proporcionar una salida rápida del matrimonio; también cambia las reglas para su entrada en él. Como añade Anderson, el marco legal de un divorcio rápido está diciendo a los futuros cónyuges «que inviertan menos en la comunidad marital, por lo que no debe sorprender que cada vez esperen menos de ella».

Por lo demás, no es aconsejable manipular las instituciones jurídicas cambiando su naturaleza. El resultado es que suelen vengarse con efectos inicialmente no previstos. Si, por ejemplo, reconocemos el derecho a una indemnización al homosexual divorciado de su matrimonio gay, difícilmente puede denegarse esa indemnización al conviviente de una unión homosexual no inscrita cuando es abandonado por su compañero. La analogía entre situaciones puede llevar al efecto perverso de que, cuando dos homosexuales deseen instaurar una relación sin lazos jurídicos, una unión verdaderamente libre, deberán hacerlo constar expresamente por escrito. De otro modo corren el riesgo de encontrarse unidos en un mini-matrimonio forzado. Algo así como le ocurrió a la tenista lesbiana Billie Jean King. Estaba unida de hecho a su secretaria Marilyn Barnet y la tenista rompió unilateralmente la relación con su amante. Esta le exigió una fuerte cantidad económica y su casa de Malibú, ejerciendo un claro chantaje sobre la demandada, que siempre deseó mantener su lesbianismo en el marco de su intimidad.

Estos y otros razonamientos son los que han llevado a destacados socialistas franceses a oponerse a la legalización del matrimonio entre homosexuales. Lionel Jospin, ex primer ministro, y Ségoléne Royal, ex ministra socialista de la Familia, han manifestado públicamente su disconformidad con un proyecto de ley presentado para equipar matrimonio y uniones homosexuales. En otro orden de cosas, más de 150 profesores de veinte países han publicado una declaración en defensa del matrimonio, a la que se han adherido 163 profesores de unas 80 universidades de cuatro continentes.Al mostrarse críticos con los proyectos de legalizar como matrimoniales las uniones entre homosexuales, insisten en no ser anti-gays, sino pro-matrimonio. La última iniciativa contraria a este tipo de matrimonios es la aprobación ayer mismo en la Cámara de Representantes norteamericana de una ley que prohíbe a los tribunales federales ordenar a los estados que reconozcan las bodas entre homosexuales realizadas en otros estados. Esta Ley de Protección del Matrimonio fue aprobada por 233 votos a favor y 194 en contra en la Cámara baja del Congreso. Su aprobación da nuevas fuerzas a los legisladores que se oponen al matrimonio entre homosexuales, tras el revés que sufrieron cuando el Senado rechazó una enmienda constitucional para prohibir las bodas entre personas del mismo sexo.

En fin, las contradicciones que encierra el llamado matrimonio homosexual se manifiesta también en la confusa encuesta que acaba de hacerse pública por el CIS. Un 68% de los españoles dice estar de acuerdo con el matrimonio entre homosexuales y, aunque sostienen que las uniones de hecho legales entre homosexuales deben tener los mismos derechos que el matrimonio, la encuesta añade enseguida que sólo un 16% considera que las uniones legales de hecho de homosexuales deben tener derecho a adoptar niños, frente a un 71% que se opone a esa opción. Para el 47,5%, las parejas heterosexuales garantizan mejor el bienestar de los niños que las homosexuales (9,7%). Tampoco se muestran muy proclives a las pensiones de viudedad para estas uniones (un 50% se oponen a ellas) y son restrictivos al hablar de herencias. Es como si los españoles dijeran sí a un matrimonio mermado en aspectos básicos.

En definitiva, parece conveniente una más profunda reflexión antes de lanzarnos alegremente a la aventura jurídica propuesta recientemente en el Parlamento español. Prestar una mayor atención al desequilibrio en el ecosistema familiar que produciría el matrimonio homosexual no es muestra de homofobia alguna, sino de sensatez jurídica y respeto a las instituciones milenarias.