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Educación y libertad

La gran falacia socialista se basa en que sólo el sistema público de enseñanza es el socialmente justo

Las primeras leyes que debían regular el establecimiento de escuelas, universidades y otros centros de instrucción pública en España dimanan de la Constitución española de 1812. Los liberales sitiados en Cádiz decidieron que en todos los pueblos de España se establecieran escuelas en las que se enseñara a los niños a actividades como leer, escribir y hacer cuentas, además del catecismo de la doctrina cristiana.

Durante el siglo XIX, los políticos de ideas liberales fueron conscientes del peligro que para la libertad individual suponía el hecho de que el Estado se ocupara de la formación de los ciudadanos; de ahí que mantuvieran como principio incuestionable la defensa de la libertad de enseñanza, lo que suponía el respeto a la iniciativa privada a la hora de abrir escuelas y colegios.

En el preámbulo de un plan de instrucción pública, que es poco conocido porque apenas llegó a estar vigente unos días, el plan del duque de Rivas de 1836, se pueden leer unos párrafos que ilustran bien sobre esa preocupación del Estado por no entrometerse en lo que se consideraba un sagrado deber y derecho de las familias: la educación de los hijos.

"El pensamiento es de suyo la más libre entre las facultades del hombre; y por lo mismo han tratado algunos gobiernos de esclavizarlo de mil modos; y como ningún medio hay más seguro para conseguirlo que el de apoderarse del origen de donde emana, es decir, de la educación, de aquí sus afanes por dirigirla siempre a su arbitrio, a fin de que los hombres salgan amoldados conforme conviene a sus miras e intereses. Mas si esto puede convenir a los gobiernos opresores, no es de manera alguna lo que exige el bien de la humanidad ni los progresos de la civilización. Para alcanzar estos fines, es fuerza que la educación quede emancipada; en una palabra, es fuerza proclamar la libertad de enseñanza."

Sin embargo, esa defensa a ultranza de la libertad de enseñanza, que había sido uno de los principios genuinamente liberales, irá desapareciendo al terminar el siglo XIX. Quizás fuera porque los políticos liberales de las primeras décadas del siglo XX, obsesionados con el poder de la Iglesia para impedir que la enseñanza religiosa siguiera extendiéndose, renunciaron a lo que hasta entonces había sido esencial en su política educativa: favorecer la iniciativa privada para evitar que el Estado monopolizara la educación de los ciudadanos.

Llegado un momento, aquellos políticos liberales, faltos de ideas para elaborar un pensamiento propio sobre la instrucción pública, adoptaron el modelo pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza, la ILE, fundada por Francisco Giner de los Ríos. Es preciso saber que en esos primeros años del siglo XX, los llamados institucionistas habían hecho suya la filosofía educativa de Rousseau: eran anticlericales y no tenían remilgo alguno en recibir los favores del Estado.

Por otra parte, la ILE, desde su fundación, había defendido el modelo unificado de escuela, es decir aquel donde todos los escolares reciben la misma instrucción desde la primaria a la universidad, sin establecer diferencia alguna entre enseñanza primaria y secundaria; un modelo que los socialistas españoles hacen suyo a partir del Congreso Nacional del PSOE de 1918. Desde entonces, la izquierda española se ha sentido siempre identificada con la pedagogía de los discípulos de Giner.

Probablemente, si aquellos políticos liberales de principios del siglo XX se hubieran preocupado por elaborar una teoría sobre la educación de acuerdo con sus convicciones, hubieran podido darse cuenta de que, como dijo Isaiah Berlin, Rousseau fue "uno de los más siniestros y más formidables enemigos de la libertad en toda la historia del pensamiento moderno".

Y, quizás, en ese caso, no se habría llegado a la situación actual en la que, no solamente no se encuentra ni rastro de pensamiento liberal en la escuela pública, sino que, además, su profesorado se ha dejado engañar por la gran falacia socialista de que sólo el sistema público de enseñanza garantiza la igualdad de oportunidades, es socialmente justo y respeta la libertad de conciencia.