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La ley contra la violencia de género

En realidad, la ley fracasa porque no contempla para nada la causa real de la violencia

La Ley Integral contra la Violencia de Género es peligrosa porque conduce a aumentar el problema en lugar de resolverlo, como lo constatan los resultados de 2006, que tras más de un año de aplicación amenazan con un macabro récord. La cifra de muertes a fecha de hoy, 56, ya supera las acaecidas en 1999, 2001 y 2002, y se acercan al máximo de 72 feminicidios de pareja de 2004.

La ley es el resultado de la ideología en el sentido peyorativo del término, porque transmite una representación falsificadora de la realidad y constituye una forma falsa de conciencia. Se trata de la llamada perspectiva de género. No evita la violencia ni los homicidios, acaso los estimula a la vez que judicializa penalmente las relaciones en el seno de las parejas. La perspectiva del género, de ahí el título de la ley, es una doctrina que se pretende total, como en el marxismo del que en buena parte es un sucedáneo mimético. En esta interpretación, la sociedad tal y como está constituida, fundamentada en el matrimonio y la familia, donde existe una cierta división de roles, es intrínsecamente perversa.

La teoría que sustenta la fracasada ley es que la violencia contra la mujer, los feminicidios, son consecuencia de la oposición del macho dominante a la voluntad de aquélla de independizarse, de lograr su propia autonomía. El hombre asentado en un papel fruto del pasado, educado por la familia y la religión judeocristiana en el patriarcado, niega la autonomía de su pareja y a partir de un determinado límite resuelve el conflicto matándola. Naturalmente, como mala ideología que es, no existen datos que avalen estas hipótesis. Más bien todo lo contrario.

Si la teoría fuera cierta, la violencia y, sobretodo, los asesinatos se darían en mayor medida en las personas de más edad, porque han sido educadas en una cultura tradicional. Pero no es así, la mayoría de homicidas tienen menos de 40 años, y el 20% menos de 30. Tantos como los mayores de 50 años, el grupo en teoría más peligroso por patriarcal.

Si la teoría fuera cierta, las personas con mentalidad tradicional deberían cometer más homicidios que las liberales o progres. Pero no es así. Las parejas unidas por el matrimonio religioso presentan una menor prevalencia de homicidios que las unidas por el matrimonio civil, y a su vez éstas están mucho menos afectadas que las que cohabitan.

En el periodo 1999-2005, para el que existen los datos más fiables, la tasa de feminicidios por cada 100.000 matrimonios se mueve con escasas variaciones entre el 0,26 y el 0,35. Para las parejas de hecho la tasa por cada 100.000 uniones es mucho más elevada y progresa del 2,92 al 4,65. Esto significa de promedio 10 veces más posibilidades de homicidio en una relación de cohabitación que en el matrimonio.

Si las hipótesis de la perspectiva de género que sustentan la ley resultaran ciertas, los países más liberales, con una larga tradición de emancipación de la mujer, como los nórdicos y anglosajones, deberían presentar una incidencia mucho menor que los de raíz tradicional y católica, como Portugal, España, Italia, incluso Irlanda. Pero no es así, sino todo lo contrario. Suecia encabeza el ránking junto con Gran Bretaña y los países del norte de Europa, mientras que la cola corresponde precisamente a los países latinos y a Irlanda. La idea de un presunto macho violento de pelo intensamente negro, color cetrino y mirada cejijunta frente a un rosado sueco, de ojos azules y actitudes liberales, es falsa: el nórdico estadísticamente presenta una mayor tasa de feminicidios y también de violaciones.

En realidad la ley fracasa porque no contempla para nada la causa real de la violencia. Sólo existen tres factores que permiten una correlación significativa con los feminicidios. Uno, las parejas de hecho; el segundo, la inmigración desestructurada, sin familia (por tanto, no la inmigración a secas); y el tercero, las situaciones de ruptura. Pero de hecho estas tres razones numéricas pueden reducirse a un único factor explicativo: la ruptura, porque las relaciones de la inmigración desestructurada se traducen en cohabitaciones y éstas presentan un grado de inestabilidad muchísimo más elevado que el matrimonio. De ahí, también, que el aumento de los divorcios tienda a presionar al alza el número de homicidios.

Por consiguiente, la nueva ley española en esta materia del año 2005, al estimular el divorcio, el único tipo de contrato que puede ser roto unilateralmente, sin causa, ni coste, estimulará las muertes y las agresiones. La violencia crece porque aumentan las rupturas, es decir una patología en la relación de pareja. Esto se deduce de los datos y es tan evidente que ha llevado a la juez decana de Barcelona María Sanahuja, miembro de la Asociación Progresista de Jueces para la Democracia, y feminista militante, a declarar (El País, 3 de septiembre de 2006) que "la única alternativa a esta ley es poner en marcha los mecanismos que permitan la mediación entre las parejas, lo que supone una revisión en profundidad de la norma, ya que el texto legal prohíbe de manera clara esta fórmula".

Esa es la cuestión clave. La no aceptación de que son las patologías del vínculo matrimonial la fuente de la violencia, y no el "sistema", la estructura social. De ahí los grandes errores de la ley, la judicialización de las relaciones, la discriminación del varón y, de manera especial, la prohibición de la conciliación, precisamente la medida básica para luchar contra la muerte.