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Neutralidad, igualdad y laicismo

La reciente intervención del ministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar en los cursos de verano de la Universidad Rey Juan Carlos I en Aranjuez no han pasado desapercibidos a la opinión pública. Ha definido a España como un "Estado laico", reclamando una "relectura inteligente" o incluso una reforma de la Constitución Española en lo referente a la libertad religiosa y las relaciones del Estado con las confesiones religiosas, para "no reproducir los tiempos del franquismo, donde la religión católica era la oficial y la privilegiada", y que "la Iglesia Católica apadrinó la guerra Civil como una cruzada y estableció relaciones con el franquismo". Estas declaraciones, por otra parte, no producen un excesivo asombro, al seguir en la misma línea que desde un principio se ha marcado el Gobierno de conseguir un estatuto de laicidad para el Estado. A la vez que exponía con claridad el pensamiento al que nos tiene acostumbrados el Gobierno, abogaba por la defensa de un "estado aconfesional que coopere con las confesiones religiosas sin promover ninguna". Acto seguido también indicó que "la libertad religiosa conduce al pluralismo religioso, y una libertad que conduzca a una religión única es cuando menos sospechosa". Finalmente, apuntó la necesidad de "cumplir con el compromiso de cooperación libre, igualitaria y neutral con todas las confesiones religiosas. Hay que asegurar un respeto profundo por la liberta religiosa y la igualdad, lo que supone luchar contra la discriminación".

Es evidente que a pesar de que horas después de estas declaraciones el ministro matizara su intervención, los hechos que marcan la política del Gobierno nos indican, sin ningún género de dudas, la postura laicista por la que han apostado decididamente. El laicismo ha asumido en nuestros días un protagonismo sólo comparable con el que tuvo en el siglo XIX por influencia de la masonería. La razón por la que el gobierno socialista se inclina por hacer una política laicista puede estar en la crisis de identidad del socialismo tras la caída del muro de Berlín, y con ella la de los valores vinculados a la clase obrera y la ideología marxista. Han decidido aferrarse a lo que de negativo tenía su identidad: su actitud hostil ante el catolicismo. No nos engañemos, y que tampoco pretenda hacerlo el ministro de Justicia, el laicismo de los actuales gobernantes no supone una postura de neutralidad ante el hecho religioso, sino un claro hostigamiento hacia la fe cristiana, que es la mayoritaria en la sociedad que gobiernan. En este sentido, son reveladores los datos que elabora una encuesta del CIS en el mes de marzo, que fueron aportados al Congreso, en donde el 79,3 por ciento de los españoles se declaran católicos. El resto de las confesiones existentes en España más significativas son los protestantes que suponen un 2 por ciento, los musulmanes el 1,8 por ciento y el resto (judíos, budistas y otras) no llegan en ningún caso al 1 por ciento. Pretender que la religión católica tenga los mismos derechos o tratamiento que otras confesiones, invocando un curioso derecho a la igualdad, no es sino un sofisma del gobierno socialista, adoptando una postura no neutral y produciendo una discriminación para con la Iglesia Católica que es la mayoritaria. En el fondo es una forma sibilina de atacar y menguar a la confesión católica, aduciendo y primando la igualdad antes que la libertad, con lo que queda en entredicho este derecho fundamental. No es que la Iglesia católica pretenda ser la hegemónica limitando los derechos de las demás confesiones religiosas, a quien está abierta por el ecumenismo, sino que se trata de implantar una ruta laicista desde el Gobierno socialista, recortando derechos que afectan a la libertad religiosa y que incumben a una gran mayoría católica. Un caso muy concreto es eliminar del anteproyecto de la Ley Orgánica de Educación la mención de que la religión católica será de oferta obligatoria para los centros y de libre elección para los alumnos. Ante los más de cuatro millones de firmas de los padres exigiendo la enseñanza de religión para sus hijos en los colegios públicos y concertados, el Gobierno adopta la postura "neutral", "plural" e "igualitaria" de ostentar el control, usurpar el derecho de los padres, imponer su credo laico con la regulación de la enseñanza religiosa, y pretender convertir la enseñanza concertada en subsidiaria de la pública. Existe una actitud activa del Gobierno en privar y menoscabar el derecho a la libertad de la enseñanza de la religión católica, invocando la neutralidad y la igualdad para limitar efectivamente dicho derecho, igualando a la sociedad con otros sustitutivos como puede ser el agnosticismo, adoptando una actitud totalitaria y de control ideológico. En definitiva, el Gobierno dice a la Iglesia católica y a los padres que quieren esa educación para sus hijos que son mayoría, no nos impongan su moral, para acto seguido, imponer la suya. Una moral neutral, que sea para todos igual, lo que no deja de ser una contradicción, pues una convicción nunca puede ser neutra. Se invoca el pluralismo para imponer el igualitarismo y se sustituye la libertad por la igualdad.