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Un gobierno laicista

La reciente intervención del ministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar en los cursos de verano de la Universidad Rey Juan Carlos I, en Aranjuez no han pasado desapercibidos a la opinión pública. Ha definido a España como un "Estado laico", reclamando una "relectura inteligente" o incluso una reforma de la Constitución Española en lo referente a la libertad religiosa y las relaciones del Estado con las confesiones religiosas, para "no reproducir los tiempos del franquismo, donde la religión católica era la oficial y la privilegiada", y que "la Iglesia Católica apadrinó la guerra Civil como una cruzada y estableció relaciones con el franquismo". Estas declaraciones, por otra parte, no suponen un excesivo asombro, al seguir en la misma línea que desde un principio se ha marcado el Gobierno de conseguir decididamente un estatuto de laicidad para el Estado. A la vez que exponía con claridad el pensamiento al que nos tiene acostumbrados el Gobierno, abogaba por la defensa de un "estado aconfesional que coopere con las confesiones religiosas sin promover ninguna". Acto seguido también indicó que "la libertad religiosa conduce al pluralismo religioso, y una libertad que conduzca a una religión única es cuando menos sospechosa". Finalmente, apuntó la necesidad de "cumplir con el compromiso de cooperación libre, igualitaria y neutral con todas las confesiones religiosas. Hay que asegurar un respeto profundo por la liberta religiosa y la igualdad, lo que supone luchar contra la discriminación".

Es evidente que a pesar de que horas después de estas declaraciones el ministro matizara su intervención, los hechos que marcan la política del Gobierno nos indican, sin ningún género de dudas, la postura claramente laicista por la que han apostado decididamente. El laicismo ha asumido en nuestros días un protagonismo sólo comparable con el que tuvo en el siglo XIX por influencia de la masonería. La razón por la que el gobierno socialista se inclina por hacer una política laicista puede estar en la crisis de identidad del socialismo tras la caída del muro de Berlín, y con ella la de los valores vinculados a la clase obrera y la ideología marxista. Han decidido aferrarse a lo que de negativo tenía su identidad: su actitud hostil ante el catolicismo. No nos engañemos, y que tampoco pretenda hacerlo el ministro de Justicia, el laicismo de los actuales gobernantes no supone una postura de neutralidad ante el hecho religioso, sino un claro hostigamiento hacia la fe cristiana, que es la mayoritaria en la sociedad que gobiernan. En este sentido, son reveladores los datos que elabora una encuesta del CIS en el mes de marzo, que fueron aportados al Congreso, en donde el 79,3 por ciento de los españoles se declaran católicos. El resto de las confesiones existentes en España más significativas son los protestantes que suponen un 2 por ciento, los musulmanes el 1,8 por ciento y el resto (judíos, budistas y otras) no llegan en ningún caso al 1 por ciento. Pretender que la religión católica tenga los mismos derechos o tratamiento que otras confesiones, invocando un curioso derecho a la igualdad, no es sino un sofisma del gobierno socialista, adoptando una postura no neutral y produciendo una discriminación para con la Iglesia Católica que es la mayoritaria. En el fondo es una forma sibilina de atacar y menguar a la confesión católica, aduciendo y primando la igualdad antes que la libertad, con lo que queda en entredicho este derecho fundamental. No es que la Iglesia católica pretenda ser la hegemónica limitando los derechos de las demás confesiones religiosas, a quien está abierta por el ecumenismo, sino que se trata de implantar una ruta laicista desde el Gobierno socialista, recortando derechos que afectan a la libertad religiosa y que incumben a una gran mayoría católica. Un caso muy concreto es eliminar del anteproyecto de la Ley Orgánica de Educación la mención de que la religión católica será de oferta obligatoria para los centros y de libre elección para los alumnos. Ante los más de cuatro millones de firmas de los padres exigiendo la enseñanza de religión para sus hijos en los colegios públicos y concertados, el Gobierno adopta la postura "neutral", "plural" e "igualitaria" de ostentar el control, usurpar el derecho de los padres, imponer su credo laico con la regulación de la enseñanza religiosa, y pretender convertir la enseñanza concertada en subsidiaria de la pública. Existe una actitud activa del Gobierno en privar y menoscabar el derecho a la libertad de la enseñanza de la religión católica, invocando la neutralidad y la igualdad para limitar efectivamente dicho derecho, igualando a la sociedad con otros sustitutivos como puede ser el agnosticismo, adoptando una actitud totalitaria y de control ideológico. En definitiva, el Gobierno dice a la Iglesia católica y a los padres que quieren esa educación para sus hijos que son mayoría, no nos impongan su moral, para acto seguido, imponer la suya. Una moral neutral, que sea para todos igual, y que no conlleve sus principios y convicciones, ya que hay otras religiones y confesiones. Se confunde el pluralismo con el igualitarismo, y se sustituye la libertad por la igualdad.

Otro aspecto en el que el Gobierno ataca a la Iglesia católica, y con ella a una mayoría social, es en su financiación. Actualmente, se está negociando la revisión del sistema de financiación de la Iglesia católica, que se basa en la asignación tributaria sobre el IRPF. El contribuyente marca libremente si quiere destinar el 0,52 por ciento de sus impuestos al sostenimiento de la institución religiosa. Por esta vía la Iglesia católica recibe aproximadamente tres cuartas parte del dinero anual que necesita para financiarse, y el Estado vía Presupuestos aporta una cuarta parte, de conformidad con el Concordato de 1979. Pero la flagrante injusticia, acorde con los postulados del ministro de Justicia de propugnar un igualitarismo obsesivo entre las distintas confesiones religiosas se produce en los acuerdos de hace un año con la confesión islámica que contempla una ayuda directa de 30 millones de euros, cuando la Iglesia católica recibe 48 millones de euros, según datos de 2003. No parece lógico esta discriminación en contra de la Iglesia católica, a no ser que sea por razones ideológicas (más Islam y menos catolicismo, parecido al más gimnasia y menos religión, y en cualquier caso, para diluir al catolicismo) y para conseguir desde los poderes públicos mantener una postura beligerante, que no neutral, por la vía concerniente en este caso a las ayudas económicas. Además, sería inconstitucional dicha actuación, al contravenir el artículo 16.3 de la CE, que si bien determina que ninguna confesión tendrá carácter estatal, indica que los poderes públicos han de tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española, y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones. Esta referencia especial a la Iglesia católica en modo alguno supone un carácter privilegiado, sino que es un reconocimiento a la realidad de la mayoría sociológica católica, pese a que el Gobierno entienda que la situación religiosa ha cambiado o más bien pretenda que cambie. De seguro que al Gobierno marroquí, por poner un ejemplo, no se le ocurre igualar en la asignación presupuestaria a la Iglesia católica con la musulmana. Entre otras cosas, ya que no existe posibilidad de libertad religiosa.

Como se comprueba, el laicismo tiende a agostar la vida religiosa de la sociedad. No es una pauta neutra como pretende el Gobierno socialista, sino neutralizadora de la vida religiosa. Produce una discriminación de todos aquellos ciudadanos que fundamenten sus ideas y principios emparentados con verdades religiosas, dándose más peso aquellas personas que no tienen convicciones, porque se les considera más independientes, neutrales e intelectuales. Así ocurre cuando se plantea la defensa de la vida humana prenatal, la libre elección de los centros escolares o la protección de la familia monogámica y heterosexual. Y sin embargo, las personas que no tienen convicciones, no tendrían problemas para implantar sus creencias. El laicismo niega el pluralismo, entendido como respeto a las opciones elegidas por la sociedad, y a la libre difusión de las mismas. Por eso, argumentar contra cualquier principio cristiano alegando que el gobernante no impone convicciones a los demás, es una falacia: el gobernante impone continuamente valores que son los que encarnan en sus vidas la mayoría de la sociedad. El Estado so pretexto de neutralidad, termina por imponer una serie de valores y principios a los súbditos, con la agravante que no los justifica. Es lo que está sucediendo en España con la disolución de la familia, con el fenómeno de la promiscuidad sexual desde la infancia, con el aborto y la eutanasia, con la promoción del día del orgullo gay. Cuando uno se instala en la neutralidad, y se autoproclama árbitro de lo razonable, resulta fácil mantener a raya a los que pretenden imponer sus convicciones, logrando así imponer las propias sin ni siquiera argumentarlas. Sólo tendrá patente de razonable quien le dé la razón.

La Constitución española, al emparejar "libertad ideológica, religiosa y de culto", cierra el paso a la dicotomía laicista, que pretende remitir a lo privado la religión y el culto, reservando el escenario público sólo para un contraste entre ideologías libres de toda sospecha de tener algún parentesco religioso. La Constitución en su artículo 16.3, al indicar que tendrá en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrá las consiguientes relaciones de cooperación, adopta una actitud positiva (laicidad positiva) ante el fenómeno religioso mayoritario en España y no una simple abstención. La referencia de la Constitución al pluralismo entre sus valores superiores, supone la aceptación por parte de los poderes públicos de la diversidad religiosa de la sociedad. El Estado se reconoce al servicio de una sociedad que no es neutral en sus convicciones, ya que una convicción neutral en sí misma es una contradicción. Por lo tanto, el Estado español ha optado con la Constitución de 1978 por un modelo de laicidad positiva, lo que implica un reconocimiento de la religión, no solo como ámbito recluido en la conciencia individual sino como un hecho social colectivo y plural vinculante para la actuación de los poderes públicos, que se caracteriza por una actitud de cooperación. Sin embargo, la pretensión del Gobierno es contraria a la Constitución española, al propugnar una laicidad negativa, que lleva a los poderes públicos a intervenir activamente para procurar que determinadas confesiones alcancen la misma importancia y protagonismo dentro de la sociedad y para eso se neutraliza a la religión mayoritaria. Se lleva a acabo así una labor contraria a la Iglesia católica para lograr que las otras confesiones tengan ocasión de conseguir la misa relevancia e influencia en la sociedad, haciendo primar la igualdad o igualitarismo sobre la libertad religiosa a costa de atacar y lesionar a la Iglesia católica.