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Inmigracion, multiculturalismo y la Constitucion

Hace unos pocos años España era aún un país con más emigrantes que inmigrantes. De repente, dos millones de personas se han instalado entre nosotros procedentes, fundamentalmente, de países como Marruecos, Ecuador, Colombia, Reino Unido, Alemania y Rumanía, por este orden.

Aunque sólo el 4,73 por ciento de nuestra población es de origen extranjero, es evidente cómo infinidad de pueblos y ciudades como Murcia, Lorca o Llíber han cambiado su color. Lo cierto es que, mientras en otros países, la inmigración ha sido un fenómeno que se ha desarrollado de forma paulatina, en España se ha producido un auténtico "boom". No obstante, demográficamente, aún estamos por debajo del 5%, mientras que otros países europeos están por encima del 8 o 10%. Esta avalancha de inmigrantes se ha concentrado, principalmente, en las costas y en las grandes ciudades, y se caracteriza por su gran capacidad de comunicación (cada comunidad sabe casi inmediatamente de las necesidades de mano de obra en cada rincón de España). Se trata de un fenómeno migratorio que va a más, ya que la economía española marcha bien y hay una gran demanda de mano de obra para trabajos que rechazan los españoles (agricultura, construcción, servicios). Se trata, por tanto, de un fenómeno migratorio positivo que contribuye al buen funcionamiento de la economía española y que supone también el 10% de la natalidad en España, que cuenta con uno de los índices más bajos de Europa, lo cual está siendo enriquecedor para muchos pueblos que estaban prácticamente muertos, y para la reapertura de escuelas que hacía diez años habían cerrado.

Además, la integración entre la población está resultando ser muy buena, como se desprende del hecho de que el 90% de los extranjeros que se casa en España lo hace con españoles, el 4% con extranjeros y el 6% con personas de su misma nacionalidad. La integración tiene que ver con el origen de los que vienen, pero también con el destino que eligen. Es más fácil cuando los inmigrantes hablan español o cuando se trata de una reagrupación familiar con hijos. Y es más difícil en contextos tensos como el poniente almeriense. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que el problema de la inmigración debe tratarse siempre desde la solidaridad, el respeto a la dignidad humana y a la libertad religiosa. No hay viaje más largo que el que aleja a una persona de sus raíces, ni viaje más difícil que el del ser humano que, acuciado por la necesidad, se ve obligado a abandonar su tierra y su familia para ganarse el pan.

En este sentido, lo deseable es que el Estado se comporte como un Estado no totalitario y no intervencionista. Sólo en dos casos debería el Estado intervenir:

1º) Para regular la inmigración ilegal, lo cual redunda en el bienestar y estabilidad de los inmigrantes que llegan, pues así se evitan abusos y se asegura su dignidad laboral, al tiempo que se refuerza la seguridad ciudadana;

2º) Para velar por el respeto a los principios del Estado democrático y liberal de Derecho, pues, en ningún caso, puede confundirse el respeto a la libertad religiosa con la propagación del integrismo religioso que propugna principios radicalmente opuestos y malinterpreta el Corán para hacer la guerra santa y realizar actos de terrorismo islámico en Occidente.

Tendría que servirnos el ejemplo de lo ocurrido en Francia, paradigma de la tolerancia hacia otras culturas, donde recientemente el Ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, ha afirmado que cerrará las mezquitas en las que se predique el integrismo y expulsará del país a los imanes que sostengan discursos radicales. Y es que, una cosa es la necesidad de aceptar, integrar y dialogar con otras comunidades, y otra distinta permitir un ataque velado, pero constante, contra los principios básicos del Estado democrático y social de Derecho. En 1989 la mayor parte de la izquierda francesa quiso hacer gala de su sentido de la pluralidad y de la tolerancia aprobando una ley que autorizó a los escolares a que llevaran en sus ropas o cuerpos cuantos signos religiosos desearan con tal de que no se hiciera proselitismo. Hoy, pasados 15 años, la situación se ha vuelto intolerable, y ahora que se sospecha que entre la población musulmana residente en Francia la ley que rige no es la de la République, sino la de la intransigencia fundamentalista, todos los grupos políticos parecen estar de acuerdo en que se tienen que buscar soluciones.

Por tanto, puertas abiertas a la inmigración y a la integración de otras comunidades, sí, totalmente, pero con dos límites: inmigración legal y respeto a los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución.