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Este Estado no entiende de caridad

Recientemente, se ha firmado, entre los representantes de la Conferencia Episcopal Española encargados de estos temas y los mismos del Gobierno una acuerdo mediante el cual, entre otras cosas, se aumenta el tanto por ciento que el contribuyente puede asignar a la Iglesia, hasta llegar al 0'70% en su declaración de la renta, más conocida como IRPF, pasando, entonces, del originario 0'52% que hasta ahora permanecía en vigor. Además, o quizá por esto mismo, se ha eliminado el complemento que, desde el presupuesto del Estado se destinaba a «completar» lo que desde esta asignación voluntaria de la renta proporcionaba a las escasa economía de la Iglesia.

Esto, en principio, resulta algo de admirar ya que, de una vez por todas, se incrementará la libertad de la Iglesia al no tener que depender de esa benignidad de quien manda en cada momento como si se tratase de un favor que, además, puede ser muy mal entendido o fomentar, de parte del la institución beneficiada; una dependencia que atente contra ese «dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios» no puede ser buena, sobre todo para la Iglesia. Y si a eso añadimos la separación, fomentada, por la Iglesia entre ésta y el Estado, aún aumenta nuestra apreciación por el acuerdo antes citado.

Hasta aquí todo correcto de parte de la Iglesia que defiende los intereses de todos haciendo recaer, sobre sus anchas espaldas sufridoras, los múltiples trabajos que tiene asignados en cumplimiento de la misión que tiene atribuida por Dios. Sin embargo, desde la otra parte, hoy día beligerante, no sólo contraria, o, siendo suave, combativa, por estar dispuesto, este Estado, al combate o a la polémica, da la impresión de que no existe una comprensión total del asunto.

A mí se me escapa cuál ha sido el intrínseco interés del Gobierno para firmar este acuerdo. No existen precedentes, en otros campos de esta relación entre una y otro, de que aquel proceda en defensa de la Iglesia. Por lo tanto, algo turbio se esconde en las intenciones del Ministerio correspondiente. Y téngase esto como una presunción (que, quizá, sea iuris et de iure).

Lo que sí es cierto, absolutamente relevante y claro, es que este Estado ni comprende, ni entiende, ni quiere ver lo que ese concepto, tan zaherido, de caridad, significa.

Monseñor Ricardo Blázquez Pérez que, además de Obispo de Bilbao es Presidente de la Conferencia Episcopal Española, en el discurso inaugural que, en la LXXXVIII Asamblea Plenaria de ésta, pronunció, dio unos datos que alarman, por lo que suponen, de desconocimiento, por parte del este Estado, de este concepto de Estado tan laicista, de lo que entrega la Iglesia a los demás y por lo que no recibe sino improperios, en forma de normas y desazones en forma de actuaciones gubernamentales.

Debe ser porque, desde el pensamiento políticamente correcto y desde el nihilismo, donde nada vale porque todo vale, la caridad, que se sustituye por solidaridad, seguramente para no hacer uso de esta palabra milenaria que ya sabemos de donde viene y quien utiliza en la práctica, no se le da importancia a la labor, eminentemente social, que hace esta gran, podríamos llamar, ONG (pues no otra cosa es la Iglesia sino una Organización No Gubernamental). Debe ser que esos 60.798 voluntarios que, gratis et amore, trabajan para Caritas, además de esos 160. 000 socios y donantes que aportan, en la medida de sus posibilidades, su dinero, nada tienen que ver con la sociedad en la que viven; ni, tampoco, esos centros donde se trata a enfermos del SIDA, que bien podríamos denominarlos, por su exclusión, los leprosos de este tiempo; ni, tampoco, la labor que se hace desde la escuela católica e, incluso desde los centros concertados de inspiración tal (siempre más económicos que los propios públicos); ni, tampoco, la labor de los miles de misioneros (cerca de 18.000, dice nuestro Presidente Blázquez), que exportan amor y trabajo allá donde van, producto propio de la Iglesia y de su concepción del mundo y de la caridad; ni, tampoco, ni tampoco, ni tampoco...

Son, quizá, demasiados ni tampocos como para que podamos pensar que este Estado, ¡este Estado!, que gobierna nuestros destinos, no tiene claro, o tergiversa que sería peor, la realidad misma porque no es creíble que ignoren los muchos millones de euros que dejan de pagar por la labor de la Iglesia, ni es creíble que ignoren que el sostenimiento básico y elemental del tejido social, de lo que conforma el mismo vivir, se basa, muchas veces, en la labor callada y, seguramente, mal «comunicada» de la Iglesia. Si, de verdad, lo ignoran, es para que, francamente, se dediquen a otra cosa pero si, lo que es más seguro, lo que tratan es de manipular la realidad en beneficio propio y en perjuicio de quien es gran perjudicada, la Iglesia y todo lo que contiene e implica, lo cierto es que cabría, cabe, una clara reacción de aquellos que, además de ser contribuyentes, de donde aportamos ese exiguo 0'70% de nuestro IRPF del que hablamos al principio, también somos ciudadanos de una nación en la que no deberíamos permitir, por muy mansos que debamos ser, que se ningunee, con ínfulas, además, de solidarismo de parte de este Estado, a quien, de verdad y en la Verdad hace la verdadera labor de ayuda y auxilio.

¡Qué razón tiene Vittorio Messori cuando dice que la Caridad primera es la Verdad! y también que urge una liga antidifamación católica, pues no otra cosa es difamar que, digamos, quitar la fama, a quien la merece por su trabajo, aunque éste sea callado y, muchas veces, mudo; pues no otra cosa es poner, por parte de este Estado, a la Iglesia, en bajo concepto o estima.

Y todo esto, este Estado, lo hace, a conciencia, aunque ésta, la conciencia, parezca que esté dormida y lo esté.