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Reeducación totalitaria

Se quiere establecer un catálogo penal «políticamente correcto» que penetre en lo que las personas hagan o digan

La universidad del Estado de Michigan, en Estados Unidos, tiene un programa que se llama Seminario sobre Responsabilidad del Estudiante en Comunidad. Se trata de una iniciativa de reeducación que han de pagar de su bolsillo las familias de los estudiantes cuya conducta o expresiones se consideren inaceptables. Esa universidad no se conforma con reprender o, en su caso, castigar a los estudiantes que cometan actos punibles, sino que pretende cambiar su pensamiento.

Una alumna de 20 años fue obligada a asistir a varias sesiones del peculiar seminario porque se peleó con su novio y se marchó dando un portazo. El reeducador se esforzó en explicarle qué fue lo que había hecho mal, con objeto de que ella lo reconociese y así lo expresase formalmente.

Un estudiante fue «sentenciado» a asistir al seminario forzosamente porque había sido grosero con el recepcionista de los dormitorios. Le preguntaron qué había hecho mal, y contestó que no debía "haber sido grosero con el recepcionista», cuando la respuesta que tenía que haber dado era que se sintió con derecho a permanecer en los dormitorios, cuando eso no estaba permitido.

El programa reeducador prevé también la privación de asistir a clase para los alumnos que no acepten acudir a sus sesiones o no reconozcan que se han comportado mal. Actitudes parecidas existen en otras universidades de Estados Unidos, esclavizadas por la infección de «corrección política».

Todo esto parece sacado de un mal imitador de Orwell o de un nostálgico de las reeducaciones soviéticas o de la Camboya de Pol Pot, pero ocurre en la realidad, y además se produce en el país tenido por el más celoso de las libertades individuales del planeta. En cierto modo, sin embargo, hemos podido enterarnos gracias a eso, puesto que ha sido la vitalidad social la que ha sacado este abuso a la luz pública, acusando a la universidad de practicar lavados de cerebro absolutamente intolerables. Las autoridades universitarias han dicho que están revisando el programa, pero la réplica de los acusadores ha sido que no hay que revisarlo, sino suprimirlo, porque es inaceptable que se fuerce a tener que decir «correctamente» lo que se ha hecho mal. Si es malo y contrario a las libertades de expresión, de pensamiento y de religión imponer a los estudiantes lo que no pueden decir, mucho peor y totalitario es imponerles lo que deben decir, creer o incluso pensar.

Parece que éste es uno de los signos perversos de los tiempos que corren. De hecho, los llamados liberales de Estados Unidos (que no son lo que aquí entendemos por liberales, sino que, al revés, son los intervencionistas) han propuesto reiteradamente la inclusión de un nuevo tipo delictivo en el Código Penal: los llamados delitos de odio, que presuponen la existencia de odio en los que desarrollan determinados comportamientos.

Esta idea de los «delitos de odio» empezó como consecuencia de la presión de los lobbies homosexuales, que pretendían que la ley presumiera automáticamente odio —que llaman homofobia, palabro que, por cierto, la RAE se ha apresurado a incorporar al diccionario, por si acaso— en quienes no dijesen que la homosexualidad es normal y equivalente a la heterosexualidad. Ahora se quiere establecer todo un catálogo penal «políticamente correcto» que penetre en lo que las personas no sólo hagan, sino digan o incluso piensen o crean. La policía del pensamiento y de la palabra. Y no en sentido figurado o metafórico, sino policía de verdad, y cárcel de verdad.

En España no estamos muy lejos de vivir situaciones parecidas, si es que no hemos entrado ya de lleno en esta ciénaga totalitaria. La Educación para la Ciudadanía tiene todas las características de formar parte de esta mentalidad, con el agravante de pretender aplicarse sobre los niños y adolescentes, desde los tres años de edad. Deberíamos ser conscientes de lo delicada que es la flor de la libertad, del cuidado que hemos de observar para no agostarla, de la vigilancia que hemos de mantener, en defensa propia, para mantener a raya a los ingenieros sociales que quieren entrar en nuestras mentes, educar a nuestros hijos, dictar lo que hemos de decir, creer y pensar.