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12-N: Libertad y Calidad de Enseñanza

El éxito de la manifestación del 12-N contra la Ley Orgánica de Educación ha de servir al Gobierno para no seguir haciendo oídos sordos a este multitudinario clamor de cientos de miles de personas que reclaman el derecho que asiste a los padres de cualquier ideología y creencia a elegir libremente la formación que esté de acuerdo con sus propias convicciones, y que a su vez, esta sea una educación de calidad.

Si hace unos días, se ponía en tela de juicio la unidad de la nación española con la admisión a trámite en el Congreso del Proyecto de Reforma del Estatuto de Cataluña, y el inminente peligro de una balcanización de España, ahora se pretende aprobar una ley educativa que nuevamente quiebra el consenso constitucional y no está respaldada además por la mayoría de la comunidad educativa. Estamos en un momento vital para España y ahora, más que nunca, el futuro de nuestra sociedad se juega en la Educación. No tenemos que ir muy lejos para observar cómo en nuestro país vecino, entre otros factores de este complejo problema, la falta de integración de los inmigrantes en la sociedad francesa está originando un revuelo de importantes magnitudes sociales, aspecto en el que cobra un papel determinante la educación.

Se acostumbra a repetir que la educación es una cuestión de Estado y en ella se impone, por tanto, el acuerdo entre los dos grandes partidos. Sin embargo, observamos que con la LOE el partido socialista tiene unos intereses ideológicos muy definidos como se deduce de la misma ley, y no ha dado entrada a que sea debatida con la representación de la mayoría social. En las últimas casi cuatro décadas, ha habido tres grandes reformas educativas importantes en España: la Ley General de Educación de los años 70, la LOGSE del 90 y la Ley de la Calidad de la Educación de 2002. Las dos primeras han tenido tiempo de aplicarse, y se han visto sus resultados, la última por el contrario, ha sido suprimida por el actual Gobierno, antes incluso de poder llevarla a la práctica, pese a que contaba con la opinión favorable mayoritaria de nuestro profesorado. Como ha manifestado el Consejo de Estado, para esta reforma habría sido suficiente con unos simples cambios a la Ley de Calidad de la Enseñanza, en lugar de volver a sistemas educativos trasnochados y caducos como la LOGSE.

La LOE es un atentado contra la calidad de la enseñanza. Los socialistas siguen empeñados en que la tarea central del sistema educativo, y la filosofía que lo sustenta es renunciar a cualquier esfuerzo en la enseñanza. De esta forma, se pretende dar prioridad a la igualdad frente a la libertad. Es mucho más cómodo igualar en la mediocridad por abajo, en la consecución de unos resultados de muy bajo nivel para todos. La Ley está encaminada a rechazar medidas que supongan autoexigencia, esfuerzo, mérito, responsabilidad, competitividad, es decir, todo lo que es imprescindible para aprender. Según el Informe PISA, estamos situados entre los últimos países de la OCDE en materia educativa. Si además añadimos medidas como pasar de curso con tres suspensos, derecho de los alumnos a no asistir a las clases sin consentimiento o conocimiento de los padres, o la ausencia de medidas objetivas de evaluación, se consigue confirmar y ahondar en el fracaso escolar. Con esta degradación de la enseñanza nuestros hijos saldrán peor formados que sus compañeros europeos, y por tanto, accederán a los peores puestos de trabajos cuando tengan que competir en un mundo globalizado donde se exige cada vez mayor formación. Se da la paradoja que este Gobierno pretende para las familias con menos recursos económicos condenarlas a que sus hijos no tengan una educación de calidad, que solo podrán conseguir quiénes puedan pagar los estudios en un colegio privado, quebrando de esta forma la solidaridad social con este igualitarismo de la mediocridad que propugnan los socialistas. Se desprecian las materias humanísticas, pilar fundamental del conocimiento. No se apuesta por dignificar la labor del profesorado y asegurar su reconocimiento social, profesional y económico. Se desvertebra el sistema educativo en diecisiete sistemas distintos, por exigencias de los socios nacionalistas del Gobierno. La enseñanza pública que pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos, no va a formar a nuestros hijos porque carece de entidad y consistencia, sustituyéndose por la Educación en la Ciudadanía, que es un instrumento de ideologización, en vez de fomentar los valores derivados de la exigencia en el estudio.

La LOE es también un atentado contra la libertad de enseñanza, garantizada como derecho fundamental en el artículo 27 de la Constitución Española, en donde se establece que los poderes públicos tienen un papel moderador y arbitral de los verdaderos protagonistas del sistema educativo, los profesores, los padres y los alumnos. Sin embargo, esta Ley es intervencionista al restringir y suplantar la libertad de los padres y de la comunidad educativa por la del Estado. Los socialistas pretenden configurar una sociedad adoctrinando a los escolares con contenidos vacíos de principios y valores, o mejor aún, imponiendo los suyos. De esta forma se crea una sociedad amorfa, sin recursos morales, caldo de cultivo para que el adoctrinamiento del Gobierno correspondiente pueda manejar y conformar ideológicamente la sociedad. En este punto cobra especial importancia la supresión de las clases de religión, o para que no sea demasiado descarado, se dice que no se suprimen y se les da un tratamiento accesorio e inexistente en la práctica al no ser siquiera evaluable, e impartirse fuera del horario escolar, sin importarles que salten por los aires los Acuerdos entre la Iglesia y el Estado, que tienen rango de tratado internacional. La educación está así controlada por el poder público, condicionándose los conciertos educativos, y limitándose la libertad de los padres en la elección de centros. Ante estas medidas, hay que pensar en el cheque escolar como fórmula para preservar la libertad educativa. Se concedería a los padres la asignación que corresponde al gasto escolar por cada alumno, y estos elegirían libremente el centro de acuerdo con sus intereses y convicciones.

Contrariamente a lo que proclaman los medios de comunicación afines a los socialistas, esta manifestación no ha sido convocada por la Iglesia ni por el PP, sino que esencialmente es la protesta social contra una ley educativa errónea que afecta a toda la sociedad española, que ha concitado a cientos de miles de padres, profesores y alumnos, de distintas ideologías políticas y de diversas creencias religiosas ante una ley que va en detrimento de la calidad y libertad de la enseñanza.