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La Liga de la Difamación
Es famosa en el mundo la Liga Anti Difamación de los judíos, que se ha dedicado desde el Holocausto, a denunciar los distintos movimientos antisemitas que esporádicamente surgen en el mundo. Se trata de una batalla que parece interminable pues su presencia se hace necesaria en distintos momentos y lugares para evidenciar el antisemitismo.
Pues bien, en nuestro país ha aparecido, aunque sin denominarse como tal, una liga de difamación contra quienes defienden el derecho a la vida, por parte de los grupos que promueven la cultura de la muerte. Se trata de un movimiento organizado que, cuando hace falta, da muestras de vida para agredir con saña a quienes defienden la vida, con una intolerancia propia de lo que a nivel internacional se conoce ya como «La Inquisición Gay».
El primer movimiento de esta red se hizo evidente cuando se atacó y difamó a el Comité Pro-vida y a sus dirigentes, levantando una calumnia que permeó con facilidad en los medios de comunicación y que, paradójicamente, fue adoptada por la Secretaría de la Función Pública en tiempos de Eduardo Romero, al grado de pretender la aplicación de la Ley de Responsabilidades a los dirigentes de Pro-Vida, por el supuesto desvío de recursos.
Hoy esta historia está cerrada en algunas de sus partes como consecuencia de los procesos penales abiertos contra dichos promotores de la vida que han realizado una labor ejemplar a través de los Centros de Ayuda a la Mujer, en donde se ha dado apoyo a mujeres que, confundidas por embarazos no deseados y acosadas por presiones abortistas, pensaban que el único camino de salida a su problema era dar muerte al niño que llevaban en sus entrañas, salvando con ello a más de 12 mil infantes.
Informaciones falsas del doctor Frenk en la Secretaría de Salud, de algunos diputados del PRD, de grupos antivida y algunos medios de comunicación, llevaron a que la Secretaría de la Función Pública asumiera las mentiras que entonces se dijeron y fincara responsabilidades que hoy están desacreditadas por auditorías de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que demuestran fehacientemente que no hubo facturas falsas, como se pretendió afirmar. Como consecuencia de ello, la Procuraduría General de la República ha determinado que no existe delito a perseguir.
Sin embargo, la calumnia ya está en el aire y el desprestigio a este movimiento ha provocado que algunos de quienes apoyaban a la institución retiraran sus donativos al considerar que la acción de la Secretaría de la Función Pública se encontraba sólidamente fundada, cuando ésta dependencia nunca realizó una auditoria a Pro Vida y, pese a ello, nunca dudó en recurrir a la denuncia penal, a pesar de que voces internas advirtieron a Eduardo Romero que dicha acción no tenía sustento sólido. Se trató de una experiencia más de «pesca de peces gordos» que termina en una pifia, pero que, además, es un mal precedente por haberse pretendido aplicar, por primera vez, la Ley de Responsabilidades de los funcionarios de la Administración Pública, a un particular, miembro de la sociedad civil, a quien se apoyó inicialmente por la labor que realiza y que no tiene paralelo en el Sector Público.
Pero la Liga de la Difamación no termina su presencia con esa acción. Hace apenas unos días, con motivo del nombramiento del licenciado Bernardo Fernández del Castillo como director jurídico de la Secretaría de Salud, nuevamente apareció esta red, encabezada por una de tantas organizaciones que controla Sergio Aguayo y que le sirven para atraer millones de pesos del sector público para la red de la cultura de la muerte, juzgando y condenando a este ilustre abogado, quien fuera presidente de la Barra Mexicana de Abogados, en razón de los servicios profesionales que ha realizado en el pasado.
En un costoso desplegado, se ha pretendido presionar a las autoridades para que se remueva de su cargo al licenciado Fernández del Castillo. ¿Su pecado? No ser anti vida. Por el contrario, ser defensor de la vida humana desde sus inicios, de acuerdo a lo que define nuestra Constitución. Asimismo, se le ha condenado por parte de esta Liga de la Difamación, por tener ideas y principios claros, tanto de moral pública como de Derecho Constitucional que le han permitido enfrentar a quienes quieren hacer del seno materno el lugar más riesgoso para la vida naciente.
La Liga de la Difamación, con su actitud, pretende decir que los únicos que pueden tener ideas y principios definidos para ocupar cargos públicos, son sus cómplices anti vida. Los demás, no tendrían derecho a ocupar dichos cargos. A estos grupos cabría aplicar ahora, toda la legislación con que se castiga a los discriminadores, porque con todos sus alegatos pretenden discriminar a una persona capaz por sus ideas y principios religiosos. Esto no debemos permitirlo.
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