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Predicar con el ejemplo

Uno de los problemas difíciles en las sociedades democráticas es respetar lo social y lo individual

EL Tribunal Constitucional ha rechazado la cuestión, remitida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, contra la decisión de la Iglesia de no renovar, hace siete años, el contrato de profesora de religión a Dª. María del Carmen Galayo Macías que, divorciada, convivía con una pareja diferente de su marido.

La base del Tribunal Constitucional es que la materia enseñada, la fe católica, puede implicar un conjunto de exigencias que desbordan las limitaciones propias de una empresa.

La señora Galayo manifiesta su discrepancia y anuncia que va a acudir al Tribunal de Estrasburgo. La Asociación Nacional de Profesores de Religión, a través de su vicepresidente, D. Luis Guridi, discrepa públicamente de la resolución del Tribunal.

Uno de los problemas difíciles en las sociedades democráticas es respetar lo social y lo individual, lo público y lo privado, distinguiendo ámbitos tan distintos, y tan relacionados, como la religión y la moral social, ésta y los negocios y, todo ello, con la política.

EEUU, como siempre, es un escaparate: Clinton y su vida sexual, los curas pederastas y sus condenas por tribunales civiles y la responsabilidad patrimonial de la Iglesia.

Mónica Lewinsky estuvo a punto de provocar, con gran escándalo, la caída del presidente. Los desgraciados sacerdotes que, en su anormal amargura, no supieron contener sus inclinaciones pervertidas, fueron causa de los furiosos ataques contra la Iglesia.

En España, aunque los cambios de la moral han sido muy profundos, hay una exigencia generalizada de coherencia, el dicho popular «predicar con el ejemplo» está vigente y los ciudadanos creemos todavía en él, como algo de sentido común. Si el matrimonio católico es la unión de un hombre y una mujer para la plena y perpetua comunidad de existencia y para tener hijos y educarlos en la fe, quien enseña esto no puede, lógicamente, hacer en su vida lo contrario y, si decide convivir con una pareja sin casarse, es absurdo que se dedique a enseñar Religión Católica.

Lo preocupante es el grado de confusión al que hemos llegado. La señora Galayo y el señor Guridi pueden tener grandes conocimientos teológicos y religiosos, pero esto no es suficiente para formar inteligencias y conciencias coherentes. Meter en este asunto argumentos descalificadores de la Iglesia, alegar que los profesores de religión no son curas ni monjas, indica grandes niveles de incoherencia, que abundan en la falta de objetividad que toda labor educativa requiere.

No se trata, por tanto, de prohibir nada, sino de que no se puede ser una cosa y la contraria, al mismo tiempo, ni se puede cambiar de opinión y criterio, vivir de una manera y defender otra incompatible. Se comprende que no sea constitucional obligar a nadie a practicar la virtus, o lo que declaramos virtuoso, porque cualquier ciudadano puede pensar o sentir otra cosa, pero no es lógico exigirle a la Iglesia que contrate, para enseñar su doctrina, a quien no cree en ella.

La tesis de que estamos ante una cuestión puramente laboral es falsa. La clase de trabajo determina que el trabajador sea apto para su desempeño. La tesis de que mis decisiones no deben ser tenidas en cuenta, aunque incidan directamente sobre la materia a mi cargo, tampoco es aceptable. Uno puede hacer lo que mejor le plazca, pero tiene que atenerse a las consecuencias.

¿Qué significa el intento de someter al Tribunal de Estrasburgo la cuestión? Esperemos que este recurso ponga las cosas en su sitio, aunque la competencia sobre la materia sea dudosa. Estamos bastante locos, pero no tanto como para que pretendamos que un Tribunal determine si puedes ser cura, pastor protestante, imán, rabino, o monje budista, es decir, si en el seminario tienen que admitirme porque lo contrario va contra los derechos humanos; probablemente estamos equivocados del todo.

Nada de lo que ocurre puede calificarse de casual. Si la buena gente, los que han venido enseñando la religión católica, ha llegado a extremos como éste, la señora Cabrera Calvo Sotelo debe conseguir cuanto antes que «nos eduquemos para la ciudadanía». Ésta es nuestra última esperanza.