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Derechos

El Manifiesto del PSOE con motivo del XXVIII aniversario de la Constitución y algunas declaraciones del Gobierno, reiteradas en diversas ocasiones, proclaman que gracias al principio de laicidad constitucional que defienden, ha sido posible ampliar y garantizar los derechos de los ciudadanos eliminando las fronteras sembradas por las religiones.

Señalemos de entrada la falsedad de que la laicidad sea un principio constitucional, ya que lo que se dice es que ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal y que la laicidad, tal como la entiende el partido gobernante, no es una postura de neutralidad y respeto a las creencias religiosas de los ciudadanos, sino un descarado laicismo beligerante contra los católicos a quienes se pretende excluir, como tales, de la vida pública.

Pero en lugar de examinar los discutibles derechos que dice haber ampliado este gobierno, veamos si algunos de nuestros derechos inalienables, los que tenemos por el hecho de ser personas, son efectivamente garantizados por su acción política.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos que la Asamblea General de las Naciones Unidas formuló en 1948, en su artículo primero reconoce el derecho de toda persona a la libertad y la igualdad y el deber de comportarse fraternalmente por estar dotados de razón y conciencia; el artículo tercero dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona; en el dieciséis se reconoce a la familia como el elemento natural y fundamental de la sociedad y su derecho a la protección de la sociedad y del Estado; el artículo veintiséis reconoce que toda persona tiene derecho a la educación y que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. En otros artículos se habla de la seguridad jurídica, de la igualdad entre hombres y mujeres, del derecho a la asistencia sanitaria, a la seguridad social, etc.

La referencia al deber de fraternidad entre los hombres, por estar dotados de razón y conciencia, remite necesariamente a un orden moral objetivo y al problema de la trascendencia. ¿En base a qué podemos argumentar a favor de la fraternidad, si eliminamos la trascendencia? ¿Por qué he de ser bueno y amable, si me divierte molestar a los demás? En la medida en que expulsamos de la convivencia los valores trascendentes, la educación de la ciudadanía de la que tanto se habla, es una pura entelequia o simple adoctrinamiento partidista.

El derecho a la vida o se defiende radicalmente en su integridad o ha dejado de protegerse. La incitación al placer sin responsabilidad y la facilidad para abortar, la manipulación de embriones y la propaganda de la eutanasia no son precisamente medidas en defensa de la vida.

El derecho a la educación para el pleno desarrollo de la personalidad humana no parece que sea especialmente defendido. Los informes sobre la educación en España y sobre la excelencia educativa dejan mucho que desear. El derecho de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, se está vulnerando constantemente con multitud de cortapisas y normas de escolarización, sin arbitrarse un sistema en que haya auténtica libertad de elección, tanto en lo religioso y moral como en la lengua en que ha de recibirse la educación.

El reconocimiento de la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad es escaso en la actualidad. Las leyes no protegen la estabilidad de la familia, sino que facilitan la fragilidad del matrimonio y lo degradan al llamar con el mismo nombre a otros tipos de uniones que pueden ser objeto de protección estatal, pero no son ni pueden ser matrimonios. La legislación fiscal tampoco favorece a las familias. Cuando trabajan ambos cónyuges el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas penaliza la declaración conjunta, como ha denunciado el Instituto de Política Familiar.

El derecho a igual salario por igual trabajo no parece que funcione y con frecuencia se indica que las mujeres reciben salarios inferiores a los hombres. El derecho a la salud y la asistencia sanitaria no está plenamente garantizado, si hay listas de espera excesivas o prestaciones escasas o inexistentes en caso de internamiento psiquiátrico o prótesis odontológicas.

Las pensiones de la seguridad social no alcanzan, en muchos casos, un mínimo que permita vivir dignamente a determinadas clases de pensionistas.

Podíamos seguir preguntándonos si hay seguridad jurídica cuando las sentencias tardan años en dictarse, si existe una auténtica separación de poderes que garantice la independencia judicial, etc. etc.

Invito a los que me lean a que reflexionen sobre si necesitamos nuevos derechos, concedidos graciosamente por el gobierno o si necesitamos que se apliquen a garantizar los que ya tenemos por ser personas.