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Aborto, Eutanasia, Clonación y Matrimonio Homosexual: Una Misma Agenda. El Debate Apenas Comienza

Según lo advertimos en estas mismas páginas de «Reforma» desde la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo de 1994, corrientes radicales de alcance internacional avanzan en el desarrollo de un supuesto derecho internacional en gestación cuyo contenido son nuevos «derechos humanos con perspectiva de género» que pretenden, entre otras cosas:

1. convertir el delito de aborto en un derecho de la mujer a decidir «sobre su cuerpo» en cualquier momento durante la gestación;
2. convertir los delitos de eutanasia y de suicidio asistido en un derecho para decidir el momento de la muerte;
3. permitir la destrucción libre de embriones humanos para efectos terapéuticos; y
4. homologar la institución matrimonial con la cohabitación de personas del mismo sexo, incluyendo el derecho de adopción de menores.

En nuestro país, como en muchos otros, este proceso se ha llevado a cabo primero de manera sigilosa, incluyendo esta agenda en los foros internacionales a espaldas de la opinión pública nacional, en documentación gubernamental y mediante campañas en los medios de comunicación y aun en los libros de texto, utilizando un lenguaje sutil que poco a poco ha sido aceptado por algunos sectores de la sociedad.

En materia de aborto se utilizan términos tramposamente «atractivos» como «salud sexual o reproductiva» o «interrupción voluntaria del embarazo», a efecto de intentar la neutralización de la polémica. A lo largo y ancho del territorio nacional se han venido reduciendo las penas y se han ampliado los catálogos de excluyentes de responsabilidad penal o de excusas absolutorias.

Pero parece que el momento ha llegado, y ahora que la fracción del PRD ante la Asamblea Legislativa del D.F. cuenta con la mayoría suficiente para materializar esta agenda en la ciudad de México, se desenmascara y de golpe y porrazo legaliza los incipientes matrimonios entre personas del mismo sexo mediante el eufemismo de «sociedades de convivencia» y se prepara para incluir en el Código Penal una quinta causal para no penalizar el aborto «cuando se afecte el proyecto de vida y el desarrollo integral de la mujer», convirtiendo de hecho al aborto en un medio de control natal.

Que nadie se deje engañar. No estamos frente a la inclusión de una causal más, sino frente a la despenalización del aborto, con lo cual se pretende generar este supuesto nuevo derecho humano de la mujer a decidir «sobre su cuerpo», atentando contra la vida de seres humanos con programa genético completo, evidentemente distinto del de la madre, y no «parte» de su cuerpo, sino en buena medida dependiente de éste durante la gestación. Tampoco se crea que con la puesta en marcha de estas iniciativas se acabará la controversia sobre estos temas tan delicados y polémicos; es, al contrario, apenas el inicio. Pronto veremos nuevas iniciativas que pretenderán extender el plazo del aborto legal de las primeras 12 semanas a las primeras 14 semanas de embarazo, para luego suprimirlo y permitir el «aborto legal, libre y seguro» sin límite alguno, lo que incluirá un supuesto derecho de las niñas a decidir «sobre su cuerpo» en confidencia respecto de sus padres; esto es, que las niñas podrán realizarse abortos sin que sus padres siquiera se enteren.

En la polémica sobre el aborto no estamos sólo ante un problema de creencias religiosas, sino fundamentalmente de derechos humanos: de igualdad jurídica frente a la ley (de hombres y mujeres, nacidos o en gestación), así como de discriminación en contra de seres humanos que no pueden defenderse por sí mismos. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como cualquier otra autoridad, carece de facultades para restringir o eliminar derechos humanos, ya que éstos proceden de la dignidad del ser humano. Son derechos imprescriptibles, irrenunciables e inembargables, anteriores al Estado, el cual solamente debe reconocerlos y protegerlos en su legislación nacional e internacional, pero no los otorga. Los derechos humanos no dependen del reconocimiento social y no están sujetos a consensos.

Los proyectos que actualmente se analizan en la Asamblea Legislativa del D.F. violan la Constitución que reconoce garantías individuales, empezando por el irrestricto derecho a la vida, base de los demás derechos. El propio Constituyente, al modificar los artículos constitucionales en materia de nacionalidad, reconoció la existencia legal de los concebidos y no nacidos, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que el producto de la concepción se encuentra protegido constitucionalmente (Tesis Jurisprudenciales 13/02 y 14/02).

Dichos proyectos también violan importantes tratados internacionales suscritos por el Presidente y ratificados por el Senado, especialmente la Convención sobre los Derechos del Niño que establece que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida y expresamente reconoce en su preámbulo la necesidad de la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento.

A final de cuentas, lo que está en manos de los diputados de la Asamblea Legislativa del D.F. es un aspecto fundamental del Estado de Derecho. Esperamos que no sigan deteriorando más la confianza ciudadana en sus diputados.