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El Estado como educador

La misión del Estado no es educar, sino garantizar el derecho a la educación y la libertad de enseñanza

Ya se han producido los primeros casos de objeción de conciencia contra la imposición obligatoria de la asignatura de educación para la ciudadanía. Es normal, ya que la nueva materia había suscitado gran oposición e incluso alarma en sectores, quizá mayoritarios, de la sociedad.

El titular del derecho a la educación es la persona y se ejerce, en los casos de menores de edad, a través o por representación de los padres. En este sentido, puede decirse que los padres tienen el derecho a decidir la educación que deben recibir sus hijos. Y, lo que no se recuerda con tanta frecuencia, tienen también el deber de hacerlo. Toda educación es pública y ninguna debe ser estatal. Los centros docentes pueden ser de titularidad y gestión privada o estatal (o autonómica y municipal), pero todos son públicos. La formación de la persona no es un asunto meramente privado. Entonces, el Estado no puede aspirar legítimamente a convertirse en educador. Su misión, en este ámbito, no es educar, sino garantizar el ejercicio del derecho a la educación y la libertad de enseñanza. El Estado educador es un Estado totalitario. Sólo podría conferírsele esa potestad en el caso utópico e imposible de que, como en la República platónica, que según Sócrates jamás vería la luz del sol, gobernaran los más sabios (y aún así sería inconveniente por ser lesivo para la libertad).

¿Qué razones pueden aducirse contra la nueva asignatura obligatoria? En primer lugar, carece, en sí misma, de razón de ser, al menos tal como ha sido planteada. La función de formar buenos ciudadanos es una de las básicas de toda educación, pero no tiene por qué ser objeto de una asignatura específica. ¿Es que nunca hasta ahora en España (o acaso salvo la etapa de la Formación del Espíritu Nacional, con la que la Educación para la Ciudadanía guarda algunas semejanzas) se había promovido la formación de los ciudadanos? La asignatura, por lo demás, al menos en parte, instaura el adoctrinamiento moral de los alumnos, pues asume ciertos contenidos antropológicos y morales, en detrimento de otros. Así, encubre la superchería de presentar como común de todos, como los principios básicos que toda persona debe asumir, lo que es sólo una determinada concepción del hombre y la moral. Por lo demás, ni el Gobierno ni la mayoría parlamentaria poseen autoridad para determinar lo que está bien o mal en el orden moral e imponerlo a todos los ciudadanos. Otra cosa sería si se tratara de una asignatura que tuviera como objeto el conocimiento de los principios e instituciones constitucionales y la adhesión crítica (pues tampoco son un inviolable tabú, sino el contenido de la norma jurídica, no moral, suprema, pero reformable) a ellos. Pero no es éste el caso.

Si equivocado es implantar una asignatura semejante, peor aún es hacerlo sin consenso entre los dos grandes partidos y mediante una exigua mayoría parlamentaria y un Gobierno bastante endeble. Si toda ley educativa fundamental debería contar con el apoyo de la inmensa mayoría de la sociedad, pues la educación es algo, en cierto modo, sagrado, que no puede quedar encomendado a los vaivenes de las mayorías sociales, más aún deberían hacerlo las normas que se refieren a la formación moral de los alumnos. Además, es, con muy alta probabilidad, inconstitucional, ya que puede vulnerar la libertad de conciencia y, desde luego, el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. En nombre de la libertad, sólo podría haberse creado esta asignatura, si acaso, como optativa. ¿Por qué no se ha hecho?

Toda educación se nutre de excelencia y ejemplaridad. Sólo puede educar quien ostenta o, al menos, aspira a poseer un poder o, quizá mejor, autoridad espiritual. Acaso la tragedia de nuestro tiempo es que nadie ejerce esa autoridad o al menos a nadie se le reconoce generalmente. Incluso se niega la validez misma del concepto a manos de la arbitrariedad, el capricho, el relativismo y el nihilismo. El resentimiento posmoderno ha decretado que nada ni nadie vale más que nada ni nadie. La igualdad ha triunfado, pero todo lo demás naufraga, incluida la libertad. En cualquier caso, quien nunca podrá aspirar a ejercer la autoridad espiritual es el Estado democrático, pues él se sustenta en la opinión pública, es decir, en lo mediocre, nunca en lo excelente. Pero a quien aspira a ejercer un poder absoluto lo que menos le interesa es la existencia de una autoridad social ajena a sus intereses. Aspira, pues, a ejercerla él, es decir, a eliminarla, y así a perpetuar su poder. Pero esto ya nada tiene que ver con la democracia ni con la libertad.

Se podrá discutir si el Derecho español faculta a los padres y alumnos para ejercer el derecho a la objeción de conciencia. Pero lo que nadie les podrá, a mi juicio, negar es, en su caso, el deber que tienen de hacerlo: en defensa de la libertad y de su derecho, y en contra del Estado (mal) educador.