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Asignatura polémica

Una verdadera educación tiene que tener en cuenta las dimensiones del ser personal y no sólo la dimensión política

El caso de la asignatura de Educación para la Ciudadanía tiene que hacernos reflexionar a todos. Está visto que la democracia, por sí sola, no garantiza la justicia. Un gobierno de formas democráticas puede degenerar hacia actuaciones dictatoriales. En el caso de la educación, la misión y la competencia del Estado es la de ayudar a los padres en la excelsa tarea de educar a sus hijos para que lleguen a ser personas cabales. Los demás agentes educativos vienen después.

En esta cuestión puede haber una visión desmesurada de las atribuciones del Estado, propia de la antropología socialista. Antes que ciudadanos somos personas, y ser persona es algo bastante más profundo que ser miembro de una sociedad determinada. Como personas, estamos relacionados con la realidad en cuanto tal, con el mundo, con la humanidad, con Dios. La libertad personal desborda el área de la vida política. Por eso el Gobierno no tiene autoridad para ser educador moral de los ciudadanos. Los criterios morales de cada persona libre surgen de su inserción en la realidad, conocida, aceptada y querida como base de la propia existencia. Y para los cristianos, la realidad suprema es Dios, fuente y modelo de libertad. No pretendemos imponer a nadie esta fe, pero tampoco aceptamos que nadie nos imponga convicciones contrarias.

En el marco de estas ideas es donde hay que situar esta cuestión de la nueva asignatura, tal como nos la quiere imponer nuestro Gobierno. Un examen detenido del asunto nos lleva a las siguientes conclusiones.

Asignatura superflua. Si miramos las cosas con una cierta tranquilidad, la verdad es que toda educación verdadera es de por sí educación para la ciudadanía. A lo largo de la vida nos vamos educando para la vida en general, para vivir correctamente en todos los ámbitos de nuestra vida personal, en la familia, en la convivencia, en el trabajo, y también en la comunidad política. Educación para la ciudadanía podría estar justificada y ser aceptable si se limitara a su esfera y tratara de estar abierta a los principios superiores de las convicciones morales de los alumnos.

Asignatura laicista. El hecho de confiar la educación moral de los jóvenes a una asignatura fundada en el orden político y destinada a moldear las conciencias de los alumnos de acuerdo con las exigencias del orden político, resulta necesariamente empobrecedor y laicista. Esta manera de entender las cosas parte del supuesto de que las personas están enteramente encuadradas, definidas y configuradas por su inserción en una sociedad determinada. Y esto no es así. Una verdadera educación tiene que tener en cuenta todas las dimensiones posibles del ser personal y no sólo la dimensión política.

Asignatura impositiva. La dimensión trascendente de la persona hace que la autoridad política no tenga competencia para educar moralmente a los ciudadanos. Cada ciudadano, en cuanto persona, tiene derecho a definirse religiosamente como le parezca mejor según su propia conciencia.

Asignatura mentalizadora y unificante. Esta asignatura, tal como está concebida por nuestro Gobierno, transmite una visión global de la realidad, intenta presentar un sistema moral completo, restringe la influencia vital de la opción religiosa de los ciudadanos. Resultado de este proyecto, sería una sociedad programada, adoctrinada y configurada a gusto de los grupos de poder, despojada de su libertad y de su creatividad cultural.

Educación para la Ciudadanía, tal como nos la propone nuestro Gobierno, parece del todo incompatible no sólo con una visión cristiana de la vida, sino también con una mentalidad verdaderamente democrática y liberal.

Ante semejante conclusión, es justo preguntarse ¿qué podemos hacer? No es fácil dar una norma clara y tajante que resulte aplicable en todo lugar y en todo momento, pues la asignatura puede tener en la práctica perfiles muy diferentes. Lo esencial es que los padres estén presentes y sigan de cerca los textos y los contenidos que los profesores imparten a sus hijos en cada capítulo del programa. Los centros son los primeros responsables y ante sus dirigentes hay que hacer la primera presión. Los centros religiosos tienen que plantearse muy seriamente si de verdad pueden impartir esta asignatura sin deformar la mentalidad cristiana de sus alumnos. De hecho, algún libro de texto preparado por una editorial católica no supera los inconvenientes que acabamos de señalar y, por tanto, no parece apto para impartir esta asignatura a los niños y jóvenes católicos. Como última opción, queda siempre abierto el recurso a la objeción de conciencia. Nadie nos puede privar de este derecho, reconocido en la Constitución española y fundamentado en la libertad de conciencia anterior y superior a cualquier ordenamiento jurídico.