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Libertad de educación Vs. Educación para la ciudadanía

Me gustaría poder tener la posibilidad de escribir este artículo, también, si esta asignatura hubiera sido impuesta por otro partido o grupo de diferente tinte político. Pero la realidad es que, este gobierno y no otro, el que quiere imponer esta Ley de Educación (LOE) en la que su máximo exponente es la Educación para la Ciudadanía que tiene un profundo calado adoctrinador. Esta imposición adoctrinadora, viene precedida de una falta de consenso y diálogo con las partes implicadas en la educación, y con una clara intención de construcción de una moral de Estado.Y si digo esto, es por que el Real de Decreto aprobado en el parlamento, propuesto por el Ministerio de Educación y Ciencia, así lo reconoce: "la Educación para la Ciudadanía servirá, através de los dilemas morales, a la construcción de una conciencia moral cívica".

Y nos podríamos preguntar en que cimientos o ladrillos se va a apoyar esta "construcción" moral cívica. Con echar un vistazo a las políticas cívicas y sociales de este Gobierno, podemos formarnos una visión inequívoca de cuales son los ladrillos que la sustentan: La Ley de Igualdad de Género recurrida al Constitucional, la Ley de Uniones entre Homosexuales equiparándolas al matrimonio, la Ley de Reproducción Asistida, la Ley de Clonación Terapeútica aprobando la investigación con embriones, la Ley del Divorcio Express, la Ley de Identidad de Género e incluso la Ley de Memoria Histórica son la base, junto con otras leyes en la agenda de este Gobierno como la aprobación de la Eutanasia, en las que se sostiene este impulso adoctrinador laicista. En la Educación para la ciudadanía concurren tres planos, la educación en valores para la convivencia, educación de la ciudadanía democrática impulsada desde Europa con el conocimiento de las instituciones Nacionales y Europeas, y un proyecto ideológico que contamina a las otras dos.

El intento del Gobierno de esta formación de conciencias, de este proyecto ideológico o este "espacio de reflexión", como define la Ley a esta Asignatura, no trata exclusivamente de los Derechos Humanos o de la Constitución Española, sino que por su contenido real rebasa ampliamente los valores constitucionales, tal y como señalo el propio Consejo de Estado en su negativo dictamen sobre el Decreto de la ESO, cuando afirmó: "no puede formar parte de los aspectos básicos del sistema educativo, sustraídos a la libertad de enseñanza garantizada en el artículo 27 de la Constitución, la difusión de valores que no estén consagrados en la propia Constitución".

Se pudo ver claramente esta intención en el Manifiesto del PSOE con motivo del XXVIII Aniversario de la Constitución, del 4 de Diciembre del 2006, "Constitución, Laicidad y Educación para la Ciudadanía", donde se afirmaba que: "Los fundamentalismos monoteístas o religiosos siembran fronteras entre los ciudadanos. La laicidad es el espacio de integración. Sin laicidad no habría nuevos derechos de ciudadanía, serían delitos civiles algunas libertades como la interrupción voluntaria del embarazo(...). En una sociedad cada vez más plural (...) , uno de los desafíos más importantes que se plantean a los poderes públicos (...) es contribuir a la formación de "conciencias libres, activas y comprometidas" con el "mínimo común ético constitucional", y en dicho marco es donde hay que situar la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos".

Y esto es lo que ocurre. Bajo esta asignatura se intenta imponer desde el Poder una antropología y una ética particular, basada en el relativismo moral, en una ideología Laicista, en una ética positivista, y todo esto impregnado con la ideología de género, en la cual los alumnos deberán realizar una formación e identidad de su propio genero, que podrá cambiar según las circustancias cambiantes.

El planteamiento que deberíamos realizarnos es, si el estado está legitimado o no para imponer a través de esta Ley Orgánica una formación de la conciencia ética obligatoria y evaluable, y si estamos dispuestos a asumirlo.

El Estado ha excedido su ámbito de decisión y mediante el uso de las formas democráticas intenta instaurar un proyecto "pretotalitario" que crea alarma social en la inmensa mayoría de las familias y lleva el conflicto a la escuela y a la familia. Ante la falta de diálogo con la ciudadanía y con los actores responsables de la Educación, no nos dejan otra vía que apelar a la Constitución Española y a los Tratados Internacionales para el ejercicio de los derechos constitucionales.

La Constitución Española reconoce a los padres el derecho originario e inalienable de ser ellos quienes decidan qué tipo de educación moral habrán de recibir sus hijo. El Estado no puede quitarles este derecho, imponiendo este tipo de asignaturas, cuyo objetivo es una formación moral de las conciencias, al margen de la libre elección de los Padres.

El poder político carece de legitimidad, por lo tanto, para arbitrar una educación moral a los menores contra la libertad de los padres, que gozan del derecho Constitucional a que su hijos sean educados conforme a sus convicciones éticas y religiosas (artículo 27). Tal derecho es previo a cualquier potestad política y está reconocido y amparado por todos los tratados internacionales de Derechos Humanos.

Las preguntas que debiéramos plantearnos en este punto es, qué puedo hacer ante esta imposición que ataca la libertad de los padres a la educación de sus hijos y qué vías puedo tomar para defender este derecho. La conclusión es clara. Debemos utilizar todos aquellos medios legítimos a nuestro alcance para la defensa de la Libertad de Educación, la Libertad Ideológica y la Libertad de Conciencia.

Si, es cierto, que se puede dudar de que problemas me puedo encontrar utilizando estos medios legítimos para la defensa de estas libertades, pero lo que no puedo dudar es de cual será la carga de problemas que va acarrear la implantación de esta asignatura en la conciencia de vuestros hijos.

Deberemos asumir el papel que a cada uno le corresponde en una sociedad activa y responsable.