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Bioética y Sociedad. Por quinta vez

La disability activist ?no entro en si hay que usar el término de activistas de la «dependencia» o de la «discapacidad», han impedido la aprobación de una ley que legalizaba el suicidio asistido en California. En los últimos doce años, en este estado americano se han presentado cinco propuestas para legislar este tipo de eutanasia. La última: The California Compassionate Choices Act, muy semejante a la que se aprobó en Oregón en el año 1997, tampoco ha salido adelante, del mismo modo que fracasaron los referéndums que se llevaron a cabo recientemente en los estados de Michigan y Maine. En todo el mundo solo dos estados: Holanda y Bélgica, han legalizado ?o despenalizado la eutanasia, y uno: Suiza, admite un cierto tipo de suicidio asistido.

«Nosotros no nos protegemos con una argumentación moral o religiosa. Nosotros hablamos de política pública», declaraba Ann Guerra, aquejada de esclerosis múltiple y directora ejecutiva de un centro de trabajo en Grass Valley, California.

Anne Golden, analista de la Disability Rigths Educatios & Defense Fund, explica que el fracaso en los últimos años de las propuestas de legalización de la eutanasia en veintiún estados de EEUU, se ha debido a que, en este tema, «se han unido ciudadanos de izquierdas, de centro y de derechas, y por eso no ha influido el que fuesen estados más progresistas o no».

Frente a la argumentación teórica basada en la autonomía absoluta de la persona como único referente, estos disability activist, acuden a lo que fácilmente ocurriría en la práctica. El cuidado de las personas que están en su situación es caro. Los servicios sociales tienden a disminuir el gasto y eso podría provocar unas situaciones de sufrimiento en las que no valdría la pena vivir. La misma sociedad, renuente a gastar dinero, fomentaría una visión injusta de esas personas al contemplarlas como un peso muerto para el progreso de la sociedad. Laura Remsom, 62 años, con esclerosis múltiple y diabetes, señala que «para la gente que está disabled y que quiere llevar una vida activa, es muy duro ver que el gobierno está intentando cortar gastos y que al mismo tiempo se está hablando del suicidio asistido, que sería una magnífica solución para disminuir esos gastos y dejar a cada uno con la conciencia tranquila».

Hace unos meses en un Congreso internacional que se inclinaba hacia la legalización de la eutanasia ?así se había organizado, me encontré con Javier Romañach. En una mesa redonda que moderaba lo presenté como Informático, que trabajó en el CERN de Ginebra y en diversos proyectos espaciales y de Defensa. Cuando después pudimos hablar con más tranquilidad, Javier, que quedó parapléjico en 1991, me habló de que su profesión actual era «agente social». A la vista de cómo se estaban poniendo las cosas en nuestra sociedad, se dedicaba a estudiar los temas relacionados con su situación y a exigir a la sociedad que se le mirase cara a cara y no desde arriba. En España se suele presentar una argumentación que sólo tiene en cuenta los deseos que algunos de que la sociedad les provea de los medios para suicidarse. Por otra parte se afirma una visión de la sociedad como un mecanismo perfectamente engranado en el que no se produce ningún fallo, ni hay intereses personales, y en el que todo el mundo obra el bien.

Por el contrario, el estado de New York en el año 1997 en el informe When Death Is Sought: Assisted Suicide and Euthanasia in the Medicar Context, se veía abocado a rechazar cualquier legalización entre otras cosas porque «aunque se impone una carga a algunos individuos que están en pleno uso de sus facultades mentales y que, tras ser correctamente informados, deciden acortar la vida de forma artificial con apoyo ajeno. Sin embargo, esta legalización supone una amenaza para un número mucho ma­yor de personas que podrían acogerse a esta opción sometidas a depresión, coacción o un dolor intenso que no recibiera tratamiento». Y es que «la política no puede basarse en un situación ideal cuando la rea­lidad muchas veces es muy distinta».