» Ética Natural » Familia » Concentración en Defensa de la Familia Cristiana - Madrid - 30 de diciembre de 2007

El problema del Ejecutivo con la Iglesia

Mucho juego está dando el acto por la familia cristiana celebrado el pasado domingo en la Plaza de Colón. Tanto revuelo se ha concretado en unas declaraciones tan nefastas como privadas de sentido común por parte de José Blanco. El secretario de Organización del PSOE (sería preferible que eliminasen tanta indigencia), al identificar el acto de la Iglesia católica como si de un acto del Partido Popular se tratase, niega la posibilidad de que existan familias cristianas que vayan a votar al PSOE. El enojo y la torpeza del Ejecutivo, precedida por el laicismo del ministro de Justicia, para quien el nacionalcatolicismo habría ya entrado en campaña electoral, lleva a considerar de «extrema gravedad» las palabras del cardenal Rouco, que afirmaba la «marcha atrás» del ordenamiento jurídico respecto de la Declaración de Derechos Humanos.

¿Está la Iglesia practicando, como afirma el indigente Blanco, una «intromisión directa en la campaña electoral»?¿Ejerce la jerarquía eclesiástica española, apoyada por Roma, una nítida presión sobre determinadas actuaciones políticas y, de un modo especial, sobre el ordenamiento jurídico-político de nuestra nación? ¿Existe injerencia o intervencionismo político, una falta de respeto por parte de la Iglesia hacia las instituciones del Estado democrático constitucional?

El Ejecutivo tiene un serio problema con la Iglesia católica y, por tanto, con la sociedad española. Se trata de conflictos normativos, morales y jurídicos. Y tiene un serio problema porque la presencia de la Iglesia católica española es una presencia fuerte, dinámica, nada angosta, demasiado viva para el laicismo instalado en las entrañas del Ejecutivo. La Iglesia no impone criterios al Estado, ni un marco normativo, cívico y jurídico, del cual se siente actor público en orden a su configuración, pero sí se rebela contra la amputación de sus convicciones, contra las actuaciones que generan destructividad social en la convivencia, como la misma sociedad se muestra contraria de un modo persistente al relativismo cultural que impregnan las últimas leyes aprobabas por el Ejecutivo relativas a la bioética, a la educación o al matrimonio.

Dejemos claras, en todo caso, las pretensiones de la Iglesia católica, la única verdad del acto por la familia cristiana en la Plaza de Colón. La Iglesia no organiza actos políticos, sino que anuncia la fe, a tiempo y a destiempo. La Iglesia busca en todo momento la mejor forma de favorecer la dignidad humana. Se trataba de manifestar públicamente que la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer es la forma más elevada y plena de sentido para organizar la vida en común entre personas de distinto sexo, al mismo tiempo que también es la base de la continuidad del género humano. Y esta verdad no se realiza desde la fe o la Revelación, ni siquiera desde las convicciones personales, sino desde la razón y el Derecho Natural.

La Iglesia no domestica al poder público, sino que le recuerda que los derechos humanos sobre los que hay que articular el consenso en la vida democrática están sufriendo menoscabo cuando no se promociona ni protege el bien esencial del matrimonio heterosexual y la familia. El Estado debe estar abierto a la luz que le suministra la religión y la Iglesia, que no sólo ofrece un factor motivacional, sino un modus vivendi determinante de la acción moral, fuente de sentido para el hombre.