» Ética Natural » Familia » Concentración en Defensa de la Familia Cristiana - Madrid - 30 de diciembre de 2007

Iglesia benefactora y debilidad del Estado democrático

En España se está produciendo, especialmente en la última legislatura, un verdadero conflicto normativo entre la verdad moral, que encarna como ninguna otra institución la Iglesia católica, y el sistema de leyes del Estado democrático que, en su pretensión de ampliar las libertades, corre el riesgo de vaciar de contenido la misma libertad.

Una reorganización de asociaciones laicistas, integradas en el Estado y potenciadas por el gobierno del PSOE, presionan con fruto para que sus reivindicaciones sean atendidas y queden plasmadas en leyes. Están aprovechando un mayor protagonismo y una concesión sin límites por el Ejecutivo, toda vez que a la Iglesia católica se la intenta desplazar progresivamente del centro de la vida pública.

Es posible interpretar el acto por la familia cristiana celebrado en la Plaza de Colón como una resistencia de la Iglesia a ser marginada del discurso público, con la firme idea de recuperar centralidad social, cultural y política. Quizá muchos vean un afán de poder o de control cada vez más evanescente en una sociedad secularizada. Sin embargo, la política de la Iglesia católica consiste en la moralización del Estado, en suministrar la verdad moral que se ofrece al Estado para que éste proceda con rectitud y legisle conforme a la moral.

El conflicto actual entre el Gobierno de España y la Iglesia católica, la falta de diálogo manifiesta entre el Estado y la Iglesia (resultado, según algunos, del confesionalismo del pasado y del nacional catolicismo) ha generado posiciones extremas de laicismo excluyentes nada benefactores para un ejercicio sano de la democracia.

La socialdemocracia tradicional, con su puerilidad de hacer de la religión un asunto privado, ignora el pluralismo y asume una política ignorante y culpable, reflejada en una «cultura de muerte», además de la negativa aprobación de los matrimonios homosexuales que, como bien afirmaba Benedicto XVI, no aporta un beneficio verdadero a las personas. La sociedad no reconoce ya ni lo específico de la familia, porque la gente cree que lo que afirma el derecho es moralmente lícito.

En este sentido debemos interpretar las palabras del cardenal de Valencia García-Gasco, al afirmar que «nos dirigimos a la disolución de la democracia». Si no aprendemos a vivir la democracia en orden a la verdad moral y el carácter indispensable de Dios para la acción humana, podemos constatar una democracia fraudulenta, si no jugarnos la misma democracia o asistir a su disolución. Existen valores que no son manipulables por nadie. Y en el carácter innegociable de esos valores está la garantía verdadera y propia de nuestra libertad y de la grandeza humana. Si el Estado no se fija sus propios límites, se asiste al peligro de un Estado totalitario.

El alcance de las palabras de Rouco no es menor. Según el cardenal de Madrid, «nuestro ordenamiento jurídico ha dado marcha atrás», respecto a la Declaración de Derechos Humanos. La retracción en el ordenamiento jurídico adviene porque ni siquiera se atiende una ética mínima, universalizable, contenida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se recoge que la familia tiene derecho a ser protegida por el Estado. El propio Estado no gobierna cuando no protege a las familias. Es la intolerancia de normas jurídicas contenidas sobre la decisión de las mayorías, donde desaparecen los límites morales y se autodestruye la sociedad. ¿Desde cuándo, en qué siglo existía una verdad contenida en la razón, una demanda social que llevase a la aprobación de los matrimonios homosexuales?

El respetuoso clamor en la Plaza de Colón por la familia cristiana no es un grito reprimido de grupos neocons ni teocons. Estas son las estupideces de quien adolece de tolerancia y recepción por la pluralidad. La propuesta de la familia cristiana no precisa ninguna traducción política, ni moral o religiosa. Sin familia no hay vida ni esperanza. No hay sociedad que no se extinga sin su debida promoción. La presencia de la familia cristiana en la Plaza de Colón es un testimonio, un sentido de vida cimentado en el amor y la fidelidad. La presencia de la familia ofrece un disenso ante ciertas leyes, y lo hace por la vía del testimonio, no del enfrentamiento, por la vía del disenso público, no del rechazo fundado en las solas convicciones personales. Si esto significa molestar al Ejecutivo, no se hace con tal fin. Sólo se recuerda públicamente la defensa del matrimonio heterosexual y la verdad sobre el bien de la familia, que tiene su origen en el Creador.

La Iglesia no busca con sus actuaciones un consenso legitimador. Tampoco siente la exigencia de argumentar la verdad sobre el matrimonio y la familia. El amor de la familia excede la justicia del Estado. La Iglesia ofrece una reserva inmejorable de sentido a la sociedad, intuición moral suficiente y atención magnífica para una mejora de la convivencia humana. Separación entre la Iglesia y el Estado no significa indiferencia ni oposición. No escuchar a la Iglesia es empobrecimiento social, interpretación estrecha del Estado democrático de derecho y comprensión secularista de la democracia.

Si el patrimonio moral que pretende legar el Ejecutivo es, entre otros, el de los matrimonios homosexuales, España será una caricatura de sí misma fuera y dentro de sus fronteras. El testimonio de las familias en Colón el pasado domingo día 30 es el recuerdo de que hay valores permanentes que preceden a cualquier ley, que están por encima de la voluntad del legislador. Uno de esos valores es la familia, fundada en el matrimonio indisoluble entre un hombre y una mujer, y que tiene su origen en Dios.