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Responsabilidad y buen gobierno

La semana pasada, la ministra de Educación y candidata del PSOE al Congreso por Madrid, Mercedes Cabrera, estuvo en Bruselas para saber del informe de la Comisión sobre la situación de los sistemas educativos en los diversos países de la CE. Pero, regresó sin hacer ninguna declaración de intenciones, ni comentar nada sobre los muy negativas datos que allí se barajaron.

Sepamos de una vez que el problema del abandono escolar es especialmente acuciante en España, con una tasa media del 29,6% que duplica la europea (15,3%) y casi triplica el objetivo que se había marcado para el año 2010, según un informe de la Comisión Europea y, lejos de mejorar, según las últimas cifras comparativas de la UE, el problema se agrava.

En el 2000, un 29,1% de los estudiantes no terminaba la educación obligatoria, un porcentaje que en el 2006 se elevaba al 29,6%. España es el país más afectado por este problema, sólo por detrás de Malta (54,2%) y Portugal (42,6). Estos países, en cambio, han logrado reducir sus tasas de abandono escolar en los últimos años. Además, en España en el 2006, un 25,7% de los alumnos tenía dificultades de comprensión lectora, nueve puntos más que seis años atrás.

Sólo días después de volver a Madrid, la señora Cabrera dijo, encima, que "ha sido una legislatura histórica en materia de educación por la reforma impulsada y por la convicción de que la educación es la mayor garantía de igualdad de oportunidades". Efectivamente, pero eso no lo puede conseguir este sistema educativo que carga en los profesores una desproporcionada parte de responsabilidad, excluye a los padres sistemáticamente, añade materias adoctrinadoras, obligatorias y evaluables como Educación para la Ciudadanía y prima lo fácil sobre lo esforzado que tiene cualquier plan de estudios de calidad.

Como en éste en muchos temas, en nuestro país estamos cansados de que quien manda relativice la realidad, e imponga opiniones y medidas parciales y subjetivas. Ese es el mayor de los dogmatismos. Lo mismo si son sindicatos, patronales o gobernantes, quienes lo esgrimen. La educación, la defensa de la vida, la seguridad ciudadana, la estabilidad familiar o el pleno empleo, no es terreno para experimentos partidistas. Aprovechemos la ocasión para participar en debates sensatos. Exijamos poder aportar ideas novedosas, defendamos lo que es propio a la naturaleza humana; huyamos de lo fácil, por acostumbrado, apartemos clichés y prejuicios.

Por ejemplo, y creo que es muestra para otros muchos asuntos, en el Pacto Nacional por la Educación hay posibilidades de trabajar por el bien común, sin menospreciar, como se ha hecho últimamente, las aportaciones imprescindibles de los padres y madres de familia. De nada sirve enfrentar a la enseñanza pública contra la de iniciativa social. Urge una mayor calidad en ambas, tanto como urge motivar y respetar la diversidad del pensamiento en la sociedad.

En todos los asuntos es claro que hemos de recuperar una mayor capacidad crítica, huir de una poltronería que afecta incluso al discernimiento. Recordemos que es la vitalidad de la sociedad la que va a proporcionar fortaleza al Estado de Derecho.

Por eso creo que es justo reclamar que los problemas de los ciudadanos no se intenten solucionar a micrófono cerrado, ni con cesiones electoralistas, ni con artificios para guardar las apariencias. Urge honradez y transparencia en la gestión y en los propósitos de quienes deseen liderar la política de un país. Eso sí facilitará un progreso real. Quien quiera ser presidente del futuro gobierno de España ha de estar sinceramente dispuesto a oír a los interesados y buscar consensos básicos en temas de interés nacional —inmigración, terrorismo, educación, empleo, políticas familiares y fiscales- y así gobernar, de verdad, para todos.