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Poder y libertad

Dice la Constitución que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del estado, pero este pueblo español que otorga el poder a sus gobernantes pienso que espera a cambio dos cosas: libertad y seguridad.

La libertad es el requisito fundamental para poder desarrollar nuestro proyecto de vida personal dentro de un orden claramente delimitado por las leyes. Las leyes tienen que ser la garantía de nuestros derechos inalienables y el marco de seguridad que necesita nuestro desenvolvimiento.

Pero las personas y los grupos investidos de poder tienden a ejercerlo y disfrutarlo lo más posible y a imponer a los demás sus propias ideas, convertidas en leyes, utilizando los enormes medios de influencia y propaganda de los que dispone. Por eso ha existido a lo largo de la historia el intento de encontrar medios para evitar que el poder se convierta en arbitrario, totalitario o tiránico.

El absolutismo tuvo que aceptar que fuera otro poder colegiado el que dictara las leyes, después tuvo que someterse a su control y dejó de ser absoluto. Los conflictos entre los ciudadanos exigieron un poder capaz de impartir justicia y restablecer el derecho, pero también hay conflictos entre ciudadanos y sus gobernantes, por lo que eran necesarios tribunales independientes del poder.

Se configuraron así los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial para establecer entre ellos un equilibrio que ha resultado bastante inestable.

En nuestra situación actual el poder político aejecutivo y legislativo- no se contrapesan el uno al otro sino que se confunden. El control al gobierno por parte del legislativo no deja de ser una escenificación sin consecuencias inmediatas, ya que la oposición es siempre minoritaria. Solo los ciudadanos pueden evitar, hasta cierto punto, la continuidad de un gobierno, castigándolo en las siguientes elecciones. Nuestro sistema electoral, que nadie se decide a reformar, hace posible que grupos minoritarios consigan un poder excesivo.

El poder judicial

El prestigio de los jueces depende de su competencia e imparcialidad pero la Constitución creó el Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno del mismo y éste ha resultado cada vez más influenciado por el poder político. A pesar de ello, el poder judicial puede ser eficaz para los conflictos entre particulares o entre particulares y la administración, pero está demostrando que no es un contrapeso efectivo cuando se plantean problemas políticos o politizados.

Para los problemas políticos fue creado el Tribunal Constitucional con jurisdicción para conocer los recursos de inconstitucionalidad de las Leyes y los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas, además del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades reconocidos por la propia Constitución, que se ha convertido en una instancia superior al Tribunal Supremo lo que está planteando un serio conflicto.

La imparcialidad de este Tribunal está en entredicho por la dificultad de resolver los problemas que están planteando las reivindicaciones permanentes de autogobierno de las Comunidades Autónomas, cuya carrera imparable comenzó Cataluña. De hecho, no se ha atrevido aún a resolver sobre el Estatuto catalán poniendo en duda su propia competencia al no haber sido renovado al agotar el plazo de su mandato por no haber sido posible el acuerdo entre gobierno y oposición para proponer nuevos miembros.

Nos encontramos, por tanto, con un sistema de poder sin verdaderos contrapesos, que está derivando hacia una hegemonía autoritaria, por lo menos de otros cuatro años. Durante ellos pienso que continuará con el mismo designio de la legislatura anterior: hacer imposible la alternancia y disfrutar largos años del poder para configurar a su gusto una nueva realidad nacional, una nueva educación, una nueva cultura, unos valores distintos.

¿Qué podemos hacer para restablecer un equilibrio de poderes que garantice nuestra libertad?