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Seguridad jurídica

La próxima ley sobre el aborto que se nos anuncia por el Gobierno no tiene como objetivo reducir el alarmante aumento de los mismos, más de cien mil en un año, sino por el contrario hacerlo más fácil, consolidarlo como un derecho de la mujer sobre su cuerpo y también sobre el del niño concebido, que es una persona distinta y va a quedar en la más absoluta desprotección.

La Vicepresidenta del Gobierno manifestó que era necesaria una nueva ley del aborto para salvaguardar la seguridad jurídica de las mujeres que abortan y la de los profesionales, esos médicos matarifes y sus socios que firman cualquier cosa para justificar su perverso y lucrativo negocio.

Del más débil, del más necesitado de protección, ni una palabra. El niño concebido antes de nacer no es nadie y para este gobierno de «progreso» carece de valor y es como si no existiera.

Pero por mucha «seguridad jurídica» que quiera establecer una ley inicua, la madre gestante, y toda embarazada es una madre gestante, que decide eliminar al hijo de sus entrañas, le será difícil olvidar el pataleo del niño en su seno cuando envenenaron el líquido amniótico en que crecía con una solución salina o sus movimientos desesperados cuando lo descuartizaban para extraerlo por trozos. El recuerdo del hijo que abortó le acompañará toda la vida. Los daños psicológicos de un aborto no se curan con seguridad jurídica.

Facilitar «seguridad jurídica» a las clínicas abortistas me parece vergonzoso. Los años de vigencia de la ley del aborto han puesto de manifiesto que era una pésima ley que ha facilitado el aborto prácticamente libre acogiéndose al supuesto de los daños para la salud de la madre, para lo cual sólo se necesita asociar a la clínica a un titulado que firme en blanco dictámenes justificativos de los daños psicológicos de mujeres que quizás no ha llegado a ver.

Lo que en su día se presentó a los ciudadanos como «despenalización de determinados casos de aborto» porque era una crueldad castigar penalmente a quienes sufrían el trauma del aborto, ha llegado a considerarse como un derecho de la mujer al grito de «nosotras parimos, nosotras decidimos», pero el niño concebido, aunque no haya llegado a nacer, es alguien distinto a la madre que no puede decidir sobre su vida.

Es urgente revisar este problema para constatar que más de cien mil abortos al año demuestran el fracaso de una política de información sexual, reparto de preservativos y propaganda de «sexo seguro», que en lugar de educar en el valor de la sexualidad incita a una conducta irresponsable y promiscua.

Es urgente crear los medios de ayuda a las embarazadas para que no tengan que abortar y, dado que en todos los casos hay un colaborador masculino, exigir las responsabilidades que correspondan. Son las mujeres las víctimas de estas situaciones mientras los hombres, una vez conseguido el placer, se alejan tranquilamente del problema. Es curioso que al feminismo no parezca importarle esta situación tan desfavorable de las mujeres.

El lenguaje falaz y tramposo que se nos impone desde algunos organismos de la ONU y sus Objetivos de desarrollo para el Milenio, hasta el Gobierno y los medios de comunicación está provocando que, cuando nos hablan de salud sexual y reproductiva de la mujer, lo que en realidad propugnan es una sexualidad irresponsable y la utilización de cualquier medio para eliminar la vida que han generado. Hasta cuando hablan de planificación familiar lo que se busca desde muchas instancias políticas internacionales es el control de la natalidad y la disminución de la población. Para salvar la biodiversidad y la sostenibilidad del planeta están decididos a eliminar a los niños en el mayor número que puedan a través de la contracepción o el aborto. Para los viejos ya preparan la eutanasia llamándole «muerte digna».

En nombre de los niños a los que se les niega el derecho a nacer tenemos que levantar la voz hasta que se nos oiga.