La necesidad del sentido crítico
En la vida corriente nos movemos en medio de tópicos y eso nos facilita muchas veces decidir, sin tener que poner mucho esfuerzo. Pero tiene también el peligro de acostumbrarse a aceptar como bueno o como malo, comportamientos que con un poco de sentido crítico sin duda rechazaríamos.
Un caso concreto es asumir mentalmente que el concebido, el enfermo o el discapacitado, es un pobre al que lo mejor que le puede ocurrir es desaparecer.
Así expresado nadie lo asumirá, pero sin embargo, está entrando en el imaginario cultural, y por tanto ya se toman decisiones bajo ese supuesto.
En la práctica estamos derivando cada vez más a un tipo de sociedad con dos clases muy desiguales: los fuertes y los débiles. Los fuertes tienen salud, pueden elegir —sobre todo lo que compran—, se pueden defender, pueden hacer respetar sus derechos. Aceptamos que su vida vale la pena, tienen calidad de vida.
Los débiles lo son por muchas causas: porque están enfermos, porque tienen poca capacidad de razonar, porque no poseen los medios para que se les haga justicia, porque dependen mucho de los otros. La vida de estos es mucho menos interesante, y no tiene calidad.
Quisiera aplicarlo a dos temas muy actuales en nuestra sociedad: la cuestión de la ampliación de la ley del aborto, y la de la introducción de la legalización de la eutanasia. Hoy nos ceñiremos a la primera cuestión.
¿Es posible ampliar la ley del aborto en España? Se responderá que sí. Sin embargo, si nos fijamos en lo que ha ocurrido estos diez últimos años, la ley prácticamente no se ha aplicado, ya que no se ha perseguido su transgresión. En la práctica, no podría ser ampliada. ¿Qué se está intentando entonces? Cambiar la consideración que tiene el aborto como algo malo, pero tolerable, y pasar a incluirlo entre los derechos de la persona humana. Aunque se puedan hacer muchos matices, a lo que realmente estamos asistiendo es al debate entre los partidarios de legislar aceptando el aborto en casi todos los casos porque es un derecho y los que consideran que el aborto es inaceptable en la práctica totalidad de ellos, porque es un mal social grave.
Esto se ve con claridad si tenemos en cuenta que los únicos dos hechos importantes en los primeros momentos de la vida son el empezar a existir y el nacer. Entre estos dos momentos hay aparición y crecimiento de muchas capacidades pero sólo eso: un desarrollo gradual del ser humano. Esta hecho impone que se tenga que optar por defender la vida desde la concepción o moverse en una indefinición respecto a las razones para fijar unos plazos u otros, o unas condiciones u otras. ¿Por qué el plazo va a ser las 12 primeras semanas, y no de 13? Seguramente se alegará algún motivo, pero también se podría encontrar cualquier otro. Porque en realidad en el feto no se dan cambios tan sustanciales como para que un día sea ético y legal acabar con su vida y al día siguiente sea un delito.
Pero además, la determinación de estos plazos es algo que deciden 614 políticos —350 diputados más 264 senadores—, que son los que van a legislar sobre esta materia. Incluso podemos aventurar que la decisión es de muchos menos: los que forman parte de las ejecutivas de los partidos, porque el resto votara según se les ordene. ¿Se dan cuenta estas personas de la responsabilidad que asumen al juzgar sobre la vida o la muerte de otros seres humanos? ¿La sociedad ha puesto en sus manos esta capacidad? Pienso que no. Es más, si se piensa fríamente, serán pocos los que pongan en manos de los políticos esta capacidad sobre la vida y la muerte.
Se objetará que con esa legislación no se obliga a nadie a abortar. Pero esta excusa es una falacia. La función pedagógica de la ley, y la falta de dedicación de recursos para sostener a las madres que quieren tener a sus hijos, es una presión suficientemente fuerte como para desequilibrar la igualdad de oportunidades.
Otro aspecto del imaginario cultural que admitimos sin criticar, es la consideración de que una ser humano discapacitado, o que sabemos que va a desarrollar una enfermedad cuyo origen genético conocemos, no merece la misma protección que si no tuviese esa misma discapacidad o no conociésemos sus enfermedades futuras.
En la actualidad, el aborto se aplica masivamente en España —en más del 80 % de los casos— a los fetos que tienen el síndrome de Down. Pensar, como se está diciendo, que es una lástima que haya nacido un 20 % cuando podría haberse diagnosticado y abortado, no es que es sea una inmoralidad, sino que es algo irracional. Otro tanto se puede decir de plantear que la vida o la muerte de esos niños quede a la libre decisión de sus progenitores, que son los que van a tener «que cargar» con ellos.
Por último mencionar la técnica del diagnóstico genético que se está adquiriendo un gran desarrollo. Ciertamente es muy útil para conocer la herencia genética. Sin embargo en muchos otros casos se está llevando a cabo una verdadera selección de la raza. Se dice que es buena, porque se que los niños nazcan sanos. Pero eso no es cierto. Lo que ocurre es que al sano lo dejamos nacer y a los otros los matamos.
Un poco de sentido críticos nos ayudaría a darnos cuenta de la paradoja en la que nos movemos: pretendemos evitar que las personas discapacidad tengan la misma igualdad de oportunidades para vivir, pero no para nacer.
Del director
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